El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el edicto de la Audiencia Provincial de Cádiz por el que se acuerda proceder a la destrucción generalizada de 1.789 vehículos y embarcaciones. Estos bienes han sido intervenidos en diversas operaciones contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz y se encuentran actualmente bajo la custodia de Rent Marín S.L. en calidad de depositaria judicial.
Según recoge la publicación oficial, el acuerdo ha sido firmado por la letrada de la Administración de Justicia y Directora del Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial. La medida responde a un expediente gubernativo incoado tras constatar la necesidad de dar un destino legal a este abundante material incautado que, `»careciendo de valor, suponen un enorme coste para la administración»`.
Careciendo de valor, suponen un enorme coste para la administración»
Informes periciales y ratificación judicial
Los bienes intervenidos han sido examinados minuciosamente para garantizar su identificación. Cada uno de ellos ha sido catalogado mediante una ficha individualizada, fotografiado y evaluado por un perito judicial, permitiendo así verificar de forma inequívoca su procedencia y estado.
El dictamen pericial ha determinado de manera tajante que los objetos decomisados carecen de valor o que su enajenación resulta claramente antieconómica. Asimismo, la resolución recuerda que la destrucción de los bienes ha sido ratificada por la Sala de Gobierno del TSJA, amparándose en el artículo 367 quáter de la Ley de Enjuciamiento Criminal y en el protocolo autonómico específico para bienes sin uso legal o de realización antieconómica.
Procedimiento ambiental y plazo de oposición
El acuerdo dictaminado establece que la eliminación generalizada de los vehículos y narcolanchas custodiados por Rent Marín se ha de llevar a cabo adoptándose las medidas necesarias para atender de manera estricta a la legislación medioambiental vigente.
Finalmente, se ha dispuesto la comunicación del edicto a todos los órganos judiciales a cuya disposición se hallen los bienes, así como al resto de Juzgados de la provincia mediante los Decanatos de cada partido judicial. Se ha fijado un plazo de un mes para que dichos órganos puedan manifestar su oposición; transcurrido este periodo sin alegaciones, se procederá de inmediato a la destrucción definitiva de la totalidad del listado.
