Junts no se hace responsable de que Pedro Sánchez decida adelantar las elecciones generales si se tumban los dos decretos de vivienda este viernes en el Congreso. «Sería la excusa que buscaba para convocar a las urnas», opinan fuentes del partido. Si el Gobierno no retira la votación, todas las medidas destinadas a frenar los desahucios y a estabilizar la situación de los inquilinos caerán en saco roto. En cambio, si Sánchez cede ante los posconvergentes y no los somete a votación, el contenido de los decretos seguirá en vigor tres semanas más, dando aire para la negociación de un nuevo artefacto legislativo, tal y como reclama Junts.
Pero, pase lo que pase, empieza a airearse la posibilidad de que el presidente del Gobierno aproveche este momento de convulsión social por la vivienda para adelantar las elecciones generales que, a más tardar, deben celebrarse en septiembre de 2027.
¿Está Junts preparado para una campaña? Estos son los pros y los contras para el partido de Carles Puigdemont:
Fuentes del partido recalcan que están preparados para una campaña electoral sea cuando sea. La candidata será Míriam Nogueras, ya muy asentada en el Congreso, conocedora de los entresijos de la negociación con el PSOE y con un perfil claramente combativo contra ERC. También añaden que, con su plante ante los decretos de vivienda, pueden clarificar un perfil que, a su juicio, nadie más acuña en el Congreso, en defensa de los pequeños propietarios y «contra el chantaje» de los socialistas. Alegan que, a diferencia de Esquerra, su lista está claramente diseñada y repetirá el esquema actual.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. / Eduardo Parra – Europa Press
La aplicación de la amnistía al líder de la formación, Carles Puigdemont, está mucho más cerca después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la avalara y el Tribunal Constitucional acordara cumplir con la ley. Cuando el pleno del TC del 6 de octubre analice la cuestión y esgrima los argumentos para exonerarle de la causa del ‘procés’, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, deberá levantar la orden de detención y Puigdemont podrá regresar al Estado. Para la formación, su vuelta es una suerte de «revulsivo» para las filas, aunque lo cierto es que todavía no las tienen todas consigo porque demasiadas veces han fijado un calendario que no se ha llegado a cumplir.
En cualquier caso, el expresident ya ha anunciado que recorrerá Catalunya para volver a conectar con el país y conocer de cerca todo lo que ha cambiado desde su marcha hace nueve años. Esto permitirá a la formación volver a acaparar el foco mediático, movilizar a las bases unidas bajo su liderazgo y afrontar en mejores condiciones una campaña electoral.
A la vez, pero, Puigdemont deberá aclarar cuál es su futuro político y Junts deberá encarar debates ideológicos y estratégicos entre los sectores más puigdemontistas y los partidarios de que se recupere el espíritu de la extinta Convergència para frenar una sangría de votos hacia Aliança Catalana.
El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont. / Glòria Sánchez – Europa Press
El partido de Sílvia Orriols no tiene, por el momento, ningún interés en concurrir a unas elecciones generales ni en obtener representación en el Congreso. De hecho, la formación se propone modificar sus estatutos para vetar la posibilidad de concurrir a unos comicios de este tipo, una opción que ahora no está cerrada en la hoja de ruta de la formación, algo que Orriols ha manifestado en más de una ocasión que es fruto de un «error». De todas formas, todavía no se ha cerrado la puerta a esa posibilidad, ya que se aplazó el congreso previsto para antes del verano. Esto permite a Junts no tener un competidor directo que le está comiendo terreno en las encuestas y tratar de erigirse como el principal valedor de las medidas «por Catalunya».
El secretario general de Junts, Jordi Turull. / EPC
La dirección de Junts cree que las acampadas y las movilizaciones por la vivienda no tendrán efecto en su campaña porque este no es su electorado. Esto implica que considere que no solo no les pasará factura, sino que puede convertirse en el principal argumento para que los catalanes que defienden a los «pequeños propietarios» y la «seguridad jurídica» y que estén entre Junts y ERC elijan su papeleta.
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