El recurso judicial presentado por el sindicato Sterm contra el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación, sindicatos y la patronal de la enseñanza concertada el pasado mes de mayo para garantizar las unidades y puestos docentes en los centros concertados ante la caída de la natalidad, ha levantado ampollas en el sector, que considera que con él se pone en riesgo el trabajo de los más de 7.000 docentes que trabajan en este ámbito educativo en la Región de Murcia.
Así lo considera la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE Región de Murcia), que este viernes manifiesta su más rotundo rechazo a «esta maniobra judicial que atenta directamente contra el colectivo docente».
El secretario general de FSIE en la Región de Murcia, Federico Faus, ha advertido de las graves consecuencias que puede acarrear esta acción legal: «Sterm Intersindical, en una irresponsable cruzada contra la enseñanza concertada, está poniendo en riesgo directo el futuro laboral de más de 7.000 profesionales de la Región de Murcia, entre docentes y personal de administración y servicios. Atacar un acuerdo laboral no es atacar a una patronal ni a una administración, es atacar de lleno a miles de familias de trabajadores que cada día dan lo mejor de sí en las aulas murcianas».
FSIE recuerda que el acuerdo judicializado fue suscrito tras intensas negociaciones entre la Consejería de Educación, las patronales del sector y las organizaciones sindicales firmantes, estableciendo un marco de protección y estabilidad laboral con vigencia hasta el 31 de agosto de 2029. El texto contempla no solo la prórroga de las unidades concertadas existentes en el curso 2025/2026, sino también un mecanismo pionero de mantenimiento de las plantillas docentes en aquellos centros donde se produzca una reducción de unidades por falta de alumnado.
«Esta regulación da respuesta a una incontestable realidad demográfica en nuestra Comunidad Autónoma, constatada ampliamente por los informes oficiales del Consejo Escolar de la Región de Murcia, los cuales reflejan un continuado descenso de la población en los tramos de edad de 0 a 14 años, por lo que no podemos ponernos una venda ante la caída acelerada de la natalidad», señala Federico Faus.
«El objetivo fundamental de este pacto no es restar recursos a nadie, sino evitar despidos masivos y garantizar la continuidad de los docentes cuando la demanda disminuye. Es incomprensible y doloroso que un sindicato actúe judicialmente para que los trabajadores de la educación se queden en la calle», insiste.
Desde FSIE Región de Murcia afirman que defienden un modelo educativo «inclusivo y plural, en el que la red pública y la red concertada convivan de forma complementaria para asegurar tanto el derecho a la educación como la libertad de elección de las familias».
