La vivienda ha vuelto a convertirse en uno de los grandes focos de tensión política. El Gobierno ha aprobado nuevas medidas sobre los contratos de alquiler después de varios días de protestas y de una negociación complicada entre los partidos que sostienen al Ejecutivo. La fórmula para prorrogar los contratos fue, precisamente, uno de los principales puntos de fricción durante las conversaciones.
Las diferencias no se limitan a Gobierno y oposición. Dentro del propio bloque de investidura existen posiciones distintas sobre hasta dónde debe llegar la protección a los inquilinos. Sumar ha defendido fórmulas más amplias, mientras que partidos como Junts y PNV han puesto más énfasis en las garantías para los propietarios, lo que ha complicado la búsqueda de un acuerdo que pueda superar posteriormente la votación del Congreso.
A esta división política se suma la presión en la calle. Las movilizaciones por la vivienda han ganado fuerza después del caso de Maricarmen Abascal y en Madrid continúa la protesta instalada en la Puerta del Sol. En Barcelona, el Sindicat de Llogateres también ha protagonizado movilizaciones para reclamar contratos indefinidos y nuevas medidas sobre los alquileres.
El resultado es un escenario en el que cualquier acuerdo sobre el alquiler abre inmediatamente un nuevo frente político. El Ejecutivo tiene ahora que conseguir apoyos suficientes para convalidar sus medidas, mientras los distintos partidos mantienen posiciones diferentes sobre la duración de los contratos, los desahucios, la protección de los propietarios y el papel que debe tener el Estado en el mercado de la vivienda.
