La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado nuevas medidas de flexibilidad para la aplicación de los ecorregímenes en la campaña agrícola 2026/2027 como la reducción de la superficie mínima de rotación de cultivos hasta el 25%. La decisión adapta determinadas exigencias de la Política Agraria Común (PAC) a las condiciones agronómicas, fitosanitarias y económicas que afrontan las explotaciones de Castilla y León, con un objetivo claro: que las obligaciones ambientales sean compatibles con la producción, la rentabilidad y la prevención de riesgos para los cultivos y la salud pública.
En concreto, la resolución repara en las circunstancias excepcionales marcadas por la presencia de elevadas poblaciones de topillo campesino atendiendo atiende a las recomendaciones científico-técnicas de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados. Un escenario al que se suma el encarecimiento de fertilizantes y combustibles, la presión sobre los márgenes de las explotaciones y la debilidad de los precios percibidos, especialmente en los cultivos herbáceos.
Flexibilidad concreta para la campaña 2026/2027
En la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, la resolución reduce al 25% la superficie que deberá presentar cada año un cultivo diferente al cultivo previo. Además, la superficie declarada como barbecho después de una leguminosa se computará a efectos del porcentaje de rotación.
En el caso de la práctica de siembra directa se permitirá el laboreo vertical mediante cultivador, chísel o grada de discos pequeños, siempre que no se invierta la tierra y se mantenga el rastrojo sobre el suelo, de forma que la superficie permanezca cubierta durante todo el año. Esta adaptación permite compatibilizar el compromiso ambiental con las labores recomendadas para prevenir y controlar las poblaciones de topillo campesino.
Estas medidas se suman a la resolución adoptada el 25 de septiembre, que adelantó la recolección de las superficies de girasol declaradas como «no cosechado» en el ecorrégimen de biodiversidad. Ambas decisiones aportan certidumbre al inicio de la nueva campaña y evitan que una interpretación rígida de la norma genere incumplimientos, penalizaciones o pérdidas de ayuda ajenas a la realidad productiva de las explotaciones.
En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado que la PAC debe servir para «sostener a quienes producen alimentos, no para convertir cada campaña en una carrera de obstáculos administrativos». Y ha añadido que la obligación de la Administración ante problemas agronómicos y fitosanitarios «acreditados» pasa por «adaptar las reglas, dar seguridad jurídica y permitir que el profesional tome las decisiones que necesita su explotación».
Pino reclama al Ministerio que adopte decisiones «útiles»
Estas medidas se enmarcan dentro de las competencias autonómicas, si bien la Junta de Castilla y León recuerda que «una parte relevante de las rigideces de la actual PAC depende del diseño nacional del Plan Estratégico y exige decisiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por ello, Pino iniciará nuevas conversaciones con el Gobierno de España para reclamar cambios adicionales en rotaciones, cultivos mejorantes y leguminosas, explotaciones mixtas de secano y regadío, siembra directa y espacios de biodiversidad. Asegura que si bien «Castilla y León está haciendo su parte»; es hora de que el Ministerio adopte «decisiones útiles» y deje de limitarse a hablar de simplificación.
«Muchas de las dificultades que sufre el campo no vienen impuestas de manera inevitable por Bruselas, sino de un PEPAC nacional excesivamente rígido, burocrático e intervencionista. No se puede pedir al agricultor que produzca más, cumpla cada vez más requisitos y asuma todos los riesgos sin darle capacidad para adaptar su explotación a cada campaña», ha señalado el consejero.
Pino ha recordado que Castilla y León no plantea eliminar compromisos ambientales, sino hacer posible su cumplimiento con reglas realistas y ajustadas a las condiciones de cada territorio. «La sostenibilidad que arruina al agricultor no es sostenible. Sin explotaciones viables y sin profesionales sobre el terreno tampoco habrá conservación, actividad económica ni futuro para nuestros pueblos», ha afirmado.
