Junts denuncia que el Gobierno se ha «alejado» del acuerdo trabajado en los últimos días y que vuelve a poner en riesgo cualquier solución estable en materia de vivienda.
Según el partido de Carles Puigdemont, por la mañana Moncloa había hecho circular una propuesta de consenso con la que estaban “mayoritariamente de acuerdo”, pero a lo largo del día, y por presión de los socios a la izquierda, el borrador ha mutado en un nuevo “decreto ómnibus” que introduce medidas ajenas al texto pactado y que recuerdan a las que ya hicieron caer anteriores intentos de regulación, tanto el decreto tumbado en abril como el que ni siquiera llegó a registrarse en julio.
En un comunicado, Junts acusa al Ejecutivo de “recuperar” figuras que, a su juicio, legitiman situaciones de ocupación y dejan sin protección al pequeño propietario, situándolo en el mismo plano que los fondos buitre que el decreto dice querer frenar.
Critican especialmente que se aproveche el texto para una modificación integral de la Ley de Arrendamientos Urbanos —hasta 34 artículos, según la versión que trasladan— por la vía del real decreto, cuando esa reforma ya se está tramitando como ley en el Congreso con participación de todos los grupos, y advierten de que no avalarán un paquete que vuelva a mezclar materias distintas y que genere inseguridad jurídica al arrendador particular.
Aun así, el mensaje oficial de Junts intenta mantener abierta la puerta a un acuerdo: insisten en que su objetivo es encontrar un texto que responda a los “problemas reales” de vivienda, aseguran que están dispuestos a seguir hablando y trabajando “hasta el final” y recuerdan al Gobierno que “todavía está a tiempo” de corregir el rumbo.
Subrayan que, en vivienda, el objetivo no puede ser una “foto, un tuit o un titular”, sino un pacto que combine medidas contundentes contra los fondos buitre con garantías claras para el pequeño propietario y un diseño normativo que no vuelva a repetir los errores de los anteriores decretos rechazados en el Congreso.
Misma posición
Junts sostiene que su posición no ha variado desde que tumbó en abril el decreto de prórroga de alquileres. La formación liderada por Míriam Nogueras en el Congreso nunca se ha opuesto, afirma, a proteger a inquilinos vulnerables o a frenar desahucios en viviendas de fondos de inversión, pero exige diferenciar esos casos de los pequeños propietarios.
La portavoz de los independentistas ya reclamó en abril y en julio excepciones a las prórrogas cuando el casero necesitara recuperar su vivienda o hubiera impagos.
Junts también defendía que el coste de la vulnerabilidad no recayera en particulares, sino que fuera asumido por la Administración.
El partido condicionó después cualquier acuerdo a un paquete de incentivos: deducciones en el IRPF para alquileres e hipotecas, ventajas para cuentas de ahorro destinadas a comprar vivienda y ayudas fiscales para propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler habitual.
El Gobierno intentó recuperar ese pacto antes de verano, cuando volvió a negociar con Junts bajo la presión de Sumar.
El entendimiento tampoco llegó: Junts denunció que el borrador ignoraba sus medidas fiscales y su propuesta contra la okupación ilegal, y el Ejecutivo acabó aplazando el decreto.
