La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio entra en una nueva fase con un despliegue de medios policiales, militares y de inteligencia de una amplitud poco habitual.
La magistrada María Tardón ha acordado numerosas diligencias destinadas a reconstruir, desde diferentes fuentes y con metodologías complementarias, cómo se gestó la movilización, quién pudo coordinarla, qué recursos pudieron sostenerla y qué información manejaron los organismos españoles antes de que se produjera.
El dispositivo investigador alcanza a múltiples estructuras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismos vinculados a Defensa y unidades especializadas en ciberseguridad, análisis financiero y vigilancia fronteriza. También se ha requerido información a empresas tecnológicas y a una compañía privada especializada en el análisis automatizado de imágenes satelitales.
La causa parte de una magnitud excepcional. El auto maneja una estimación de entre 75.000 y 85.000 personas movilizadas durante los acontecimientos de finales de julio. Esa cifra constituye una referencia incorporada a la investigación judicial, no una identificación individualizada de todas las personas que finalmente atravesaron la frontera. La instrucción trata de determinar, precisamente, la dimensión real del operativo y las estructuras que pudieron intervenir en su preparación.
Del teléfono móvil a la frontera: reconstrucción de la convocatoria
Uno de los principales ejes de las diligencias se concentra en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. La unidad deberá profundizar en un informe anterior que apuntaba a una posible participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en la orientación de personas hacia la frontera. Esa hipótesis ha sido incorporada al procedimiento como una línea de investigación y deberá ser sometida a las comprobaciones correspondientes.
El CENIF deberá analizar asimismo la dimensión digital de la movilización. La magistrada reclama la identificación de números telefónicos y de cuentas o perfiles relevantes en plataformas como Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram, así como de las personas que pudieron actuar como administradores, difusores o dinamizadores de las convocatorias.
A partir de esos datos, la investigación pretende establecer conexiones entre teléfonos, perfiles, dispositivos, localizaciones y usuarios. La instructora ha previsto, además, recurrir a mecanismos de cooperación judicial internacional para solicitar información a compañías tecnológicas cuando resulte necesario.
Según EFE, el auto contempla una pieza separada de carácter secreto para determinadas actuaciones tecnológicas y solicita la conservación y eventual entrega de datos de cuentas, direcciones IP, dispositivos, teléfonos y conexiones relacionados con la convocatoria.
El objetivo no consiste únicamente en averiguar quién difundió mensajes en internet, sino en determinar si existió una estructura organizada capaz de transformar esa actividad digital en una movilización coordinada sobre el perímetro fronterizo.
Identificación de posibles organizadores y análisis biométrico
La investigación incorpora también técnicas de identificación policial. La Comisaría General de Policía Científica, la Comisaría General de Información y la Unidad Central de Inteligencia Criminal deberán analizar imágenes de personas consideradas de interés y confrontarlas, cuando proceda, con las bases de datos policiales disponibles y con registros internacionales.
El CENIF tendrá además que ampliar la información relativa a supuestos dinamizadores que ya aparecían en documentación anterior y realizar análisis biométricos y de reconocimiento facial sobre las imágenes incorporadas a sus informes.
La finalidad de estas diligencias es eminentemente identificativa: determinar quiénes aparecen en las imágenes, establecer posibles conexiones entre individuos y comprobar si existen antecedentes o vínculos relevantes para la investigación. La mera aparición de una persona en una fotografía, por sí sola, no acredita su participación delictiva, extremo que deberá determinarse mediante el conjunto de las pruebas que se incorporen al procedimiento.
La pista económica: UDEF y UCO investigarán la posible financiación
La dimensión financiera constituye otro de los pilares de la instrucción. La magistrada ha reclamado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informes destinados a determinar si existió financiación organizada y cuál pudo ser su procedencia.
Entre las vías que deberán examinar figura el denominado sistema hawala, mecanismo informal de transferencia de dinero utilizado en distintos contextos migratorios y también susceptible de ser empleado por redes ilícitas.
La investigación pretende determinar si hubo movimientos económicos relacionados con la movilización y, en función de los resultados, no se descarta solicitar información adicional al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El análisis económico se complementa con la investigación de la logística empleada para concentrar y desplazar a las personas migrantes hasta la frontera. La instrucción aborda así la eventual existencia de una estructura material detrás de una movilización de dimensiones extraordinarias.
La Guardia Civil reconstruirá los avisos y antecedentes
La Guardia Civil también ha recibido un amplio conjunto de requerimientos. La Jefatura de Información deberá estudiar posibles organizadores y comparar los acontecimientos de julio con episodios anteriores, entre ellos la entrada masiva registrada en mayo de 2021.
La magistrada reclama igualmente información sobre las alertas, comunicaciones y evaluaciones disponibles antes de los hechos. La petición se extiende a la Jefatura Fiscal y de Fronteras y al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, mientras que la UCO asumirá la vertiente financiera.
La existencia de avisos previos ya había sido objeto de actuaciones anteriores. La Guardia Civil comunicó en septiembre a la magistrada que había recibido información antes de los acontecimientos, aunque las informaciones publicadas sobre ese informe señalan que ninguna de esas comunicaciones permitió anticipar la magnitud que posteriormente alcanzaría la entrada masiva.
Policía, Delegación del Gobierno y Defensa: reconstruir qué se sabía
La instrucción no se limita a averiguar qué sucedió en el lado marroquí de la frontera. También pretende reconstruir la respuesta española y, especialmente, qué información estaba disponible antes, durante y después de los acontecimientos.
Por ello, la jueza reclama a distintas unidades policiales los avisos, informes, correos electrónicos, comunicaciones y documentos operativos generados entre el 20 de julio y el 7 de agosto. También solicita imágenes del sistema de videovigilancia fronteriza, con especial atención al entorno del espigón de El Tarajal, escenario central de los hechos.
La petición alcanza asimismo a la Delegación del Gobierno en Ceuta, al Ministerio del Interior y al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La finalidad es reconstruir la cadena informativa: qué organismos recibieron las alertas, cuándo las recibieron, por qué canales fueron transmitidas y qué decisiones se adoptaron posteriormente.
La investigación judicial se produce además después de que el Gobierno desclasificara documentación relacionada con las advertencias existentes en los días previos. En paralelo, la causa ha incorporado declaraciones testificales para esclarecer qué información se manejaba en Ceuta antes de la entrada. La magistrada ha citado, entre otros, al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz.
CNI, Fuerzas Armadas y satélites
El alcance de la instrucción se extiende también a los servicios de inteligencia y a Defensa. Al Centro Nacional de Inteligencia se le solicita la documentación que obrase en su poder sobre la situación fronteriza antes, durante y después de los acontecimientos, además de información sobre posibles organizadores y sobre la actividad desarrollada en redes sociales.
Al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) se le reclaman imágenes satelitales y otras captaciones obtenidas por medios militares y sistemas de vigilancia de la frontera en la zona de Ceuta y Fnideq. También deberá aportar, en su caso, las alertas, comunicaciones y evaluaciones de riesgo emitidas y sus destinatarios.
La instrucción incorpora así una perspectiva espacial que permitirá contrastar testimonios, imágenes de vigilancia y documentación operativa con la evolución de las concentraciones de personas en el entorno fronterizo.
Una investigación que se prolonga en varias direcciones
La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad deberá examinar la actividad digital previa y simultánea a la entrada, incluidas posibles campañas en redes sociales y canales de mensajería. A ello se suma el requerimiento dirigido a IH Iberia, empresa que comercializa el sistema SEDA de análisis automatizado de imágenes satelitales, para conocer qué solicitudes recibió sobre la franja fronteriza de Ceuta y Marruecos antes, durante y después de los acontecimientos y quién las formuló.
El conjunto de diligencias dibuja una investigación de naturaleza transversal: combina inteligencia policial, análisis forense de imágenes, rastreo de comunicaciones, investigación económica, información de fuentes abiertas, vigilancia fronteriza, documentación militar y cooperación con plataformas tecnológicas.
La Audiencia Nacional investiga, entre otros extremos, posibles delitos vinculados con la entrada irregular, la eventual organización y favorecimiento de la movilización y las consecuencias mortales registradas durante los acontecimientos.
La apertura de estas líneas de investigación no equivale a una conclusión sobre la responsabilidad penal de personas concretas ni acredita por sí misma las hipótesis que deberán ser verificadas durante la instrucción. EFE informó de que la causa contempla también la investigación de fallecimientos y lesiones relacionados con los hechos.
El procedimiento queda así pendiente de una extensa fase de recopilación y contraste documental. La prioridad de la magistrada es reconstruir una secuencia que abarca desde las primeras señales de movilización y su eventual propagación por internet hasta la concentración en la frontera, la actuación de los distintos cuerpos de seguridad y el posterior desplazamiento de personas desde Ceuta. Solo el análisis conjunto de esas evidencias permitirá determinar qué hechos pueden considerarse acreditados y qué responsabilidades, en su caso, pueden derivarse de ellos.
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