La familia de Gustau Muñoz, el militante de las juventudes del Partido Comunista de España que fue asesinado en 1978, ha pedido a la justicia que reabra la causa de su muerte, que consideran un delito de lesa humanidad que no ha prescrito, tras hallar cinco testigos y nueva documentación.
El escrito, prestado ante los juzgados de Barcelona y que firma el abogado Benet Salellas, pide la reapertura del proceso judicial sobre la muerte de Muñoz, que fue archivado provisionalmente en octubre de 1983, esgrimiendo nuevos elementos de prueba que reforzarían las sospechas sobre dos inspectores de la Policía Nacional como autores del crimen.
Muñoz fue un joven militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en la calle Ferran de Barcelona, en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE y que se presenta este viernes en un acto en el Ateneu Barcelonès, Salellas mantiene que el homicidio de Muñoz constituye un delito de lesa humanidad, que no prescribe, dado que formaba parte de un ataque «generalizado y sistemático» contra la militancia del PCE (i) durante el franquismo y la transición.
En cualquier caso, el abogado recuerda que la muerte de Muñoz tuvo lugar en la fase final de la transición, por lo que quedaría fuera de la ley de amnistía de octubre de 1977, que impide investigar los crímenes del franquismo. Además, ya había entrado en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Ley de Memoria
El escrito también argumenta que el asesinato del militante tuvo lugar antes de la entrada en vigor de la Constitución española, por lo que encaja en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que «ordena superar los obstáculos» que impone la amnistía del 77 a la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
El escrito de Salellas expone las nuevas informaciones sobre los hechos que permitirían la reapertura del caso, entre ellos cinco testigos de la muerte de Muñoz a los que se tomó declaración en la llamada «querella argentina» contra los crímenes del franquismo, en junio de 2018. Ninguno de ellos había sido interrogado en la causa que se archivó en 1983.
También adjunta el escrito el documental de 2021 ‘Gustau, la Transició al descobert’, dirigido por Jaume Domènech y que recoge el testimonio de las personas que acudieron a la manifestación en la que el joven fue asesinado.
Informe de la Guardia Civil
Otra de las nuevas pruebas aportadas es un informe del Gobierno Civil de Barcelona de octubre de 1978, tras la investigación que las autoridades civiles llevaron a cabo sobre los hechos, que no se incorporó a la causa penal y que aporta «datos relevantes» sobre lo sucedido.
La familia de Muñoz pide al juzgado que cite a declarar a los dos policías sospechosos, que a su parecer formaban parte de las «fuerzas represivas del régimen franquista», puesto que hay «suficientes indicios de criminalidad» para que sean interrogados como investigados.
También solicita que el juzgado requiera a los archivos oficiales pertinentes toda la información de que dispongan sobre los hechos, entre ellos el Archivo General de la Administración y los del Ministerio de Interior, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y la Policía Nacional.
