El Gobierno desatasca el nuevo escudo ‘antiapagones’ tras meses de retraso. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado la publicación en el BOE este jueves de la orden ministerial que regulará el nuevo mecanismo con el que reforzar la seguridad de suministro eléctrico y reducir el riesgo de otro gran apagón.
La Comisión Europea, tras un larguísimo proceso de petición de información e intercambio de documentación con Madrid, aprobó el pasado mayo la autorización definitiva para que el Ejecutivo español pudiera activar el nuevo sistema de protección. Desde entonces la puesta en marcha había quedado congelada por las dudas del Gobierno -en concreto, del Ministerio de Economía comandado por el vicepresidente Carlos Cuerpo- sobre el impacto del nuevo sistema en la inflación a través del recibo de la luz.
Aagesen vence ahora esas resistencias y podrá lanzar el nuevo mecanismo, que contempla el reparto mediante subastas de ayudas a las eléctricas por estar disponibles para inyectar energía extra al sistema eléctrico si es necesario. En su autorización, Bruselas dio el visto bueno a España para que el sistema tenga un presupuesto máximo de 9.000 millones durante la próxima década para cubrir la retribución (a razón de hasta 900 millones de euros al año). La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico ha tomado más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España en abril del año pasado.
El nuevo sistema ‘antiapagones’ consistirá en la puesta en marcha de unos mercados de capacidad de energía firme para evitar desajustes de oferta y demanda de energía, y que implicará el reparto de ayudas millonarias a las centrales eléctricas, nuevas renovables y sistemas de almacenamiento (grandes baterías o hidroeléctricas de bombeo) que garanticen inyecciones de electricidad adicional y también a la gran industria que se ofrezca a reducir su consumo de luz de manera extraordinaria.
Subastas y recibo de luz
La cuantía de los pagos millonarios que recibirán las empresas se determinará mediante un sistema de subastas y se cargará de manera indirecta en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores, de ahí los temores por su impacto en la evolución de la inflación ya al alza por el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. De manera directa, la financiación del nuevo mercado de capacidad corresponde a las comercializadoras de electricidad y a los grandes consumidores directos del mercado eléctrico, pero acabarán repercutiendo en la factura final de todos los clientes.
El Ejecutivo subraya que el sistema lo sufragarán “en mayor medida” los consumos que se produzcan en las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema.
En las pujas los candidatos ofrecerán potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y un precio de la energía (medido en euros por cada MW y por año). El objetivo es que las subastas sirvan para establecer la retribución para estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.
Para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario para revender los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos. Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.
Favoritas, las centrales de gas
Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas, a priori, son las centrales de gas. El Ejecutivo ha accedido a una de las grandes peticiones de las energéticas, y permitirá cerrar o hibernar centrales que se queden fuera del sistema de ayudas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se subraya, no obstante, que también se incentivará la incorporación de tecnologías no fósiles, obligando a que los proyectos futuros que participen en las subastas solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.
Tras el ‘ok’ de Bruselas y la publicación de la esperada orden ministerial, el Gobierno aún tiene que abrir una consulta pública sobre las condiciones concretas con que se desarrollará las subastas para recabar las propuestas del sector energético, y posteriormente convocar la primera puja, adjudicar las ayudas, y articular de manera efectiva el sistema para que esté plenamente activo. Las eléctricas que se beneficiarán de esa retribución dan por hecho que, incluso si la primera subasta se celebra este año, las ayudas no empezarán a recibirse formalmente hasta 2027.
Las subastas para el reparto de la remuneración serán de tres tipos, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme a cinco años vista. Una subasta principal, en la que podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. De este modo se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación. La duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas.
También habrá subastas de ajuste anual, diseñadas para resolver situaciones coyunturales y en la que sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses, a contar a partir de una fecha definida en la convocatoria. Y por último, habrá subastas transitorias, que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.
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