Pedro Sánchez y Yolanda Díaz rubricaron el acuerdo programático del Gobierno de coalición en el Museo Reina Sofía de Madrid el 23 de octubre de 2023. Casi tres años después, cuando la legislatura encara sus últimos meses, el lugar elegido por el presidente del Gobierno y la entonces líder de Sumar para presentar su pacto tiene algo de profético. Aquel documento, titulado ‘Una nueva coalición de Gobierno progresista para España’, ha quedado como una pieza histórica que contemplar, pero ya no es una verdadera hoja de ruta para los propios aliados. El Ejecutivo ha cumplido bastantes de las medidas allí recogidas, pero muchas otras siguen atascadas, durmiendo el sueño de los justos, cuando no directamente descartadas.
Citado en no pocas ocasiones —más al principio que en los últimos meses—, el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar sentó los cimientos sobre los que el Ejecutivo pretendía construir la legislatura. Sin embargo, la debilidad parlamentaria del Gobierno, con episodios de parálisis legislativa, y los propios roces entre los dos socios han terminado lastrando buena parte de aquel acuerdo. En más de una ocasión, los de Díaz han llegado a sembrar dudas sobre su continuidad en el Ejecutivo a cuenta de estos choques.
Derechos y dineros
Algunos de los incumplimientos —cada vez con menos tiempo para revertirse— afectan a medidas de calado que PSOE y Sumar vendieron a bombo y platillo durante la pasada campaña electoral. La derogación de gran parte de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada ‘ley mordaza’) es uno de los ejemplos más claros. La norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy lleva más tiempo vigente bajo un Gobierno progresista que bajo uno del PP, pero los partidos del Ejecutivo han sido incapaces de lograr un acuerdo con todos sus socios parlamentarios. Sí parece que puedan llegar a conseguir derogar los llamados delitos de expresión, como las calumnias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos, en lo que les queda de mandato.
Algo más avanzada, aunque con pocos visos de materializarse, está la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Antes de que el PSOE pactara con ERC un nuevo modelo, Sánchez y Díaz ya pusieron negro sobre blanco su determinación de reformar el sistema. La negativa del PP y de todas las comunidades autónomas en las que gobierna a aceptar el modelo acordado con los republicanos catalanes hace muy improbable que el Gobierno logre tachar esta tarea de la lista.
Es, sin embargo, en el ámbito social —el más ambicioso de todos— donde quedan más deberes pendientes. Los dos socios de coalición pretendían garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, pero la ley correspondiente lleva cogiendo polvo en un cajón del Congreso desde junio de 2024, y ni siquiera se ha presentado un texto para fijar por ley los tiempos máximos de espera sanitaria, tal como prometieron. Tampoco han logrado implantar la educación universal y gratuita de 0 a 3 años, aunque sí ha habido ciertos avances.
A esto se suma que muchas de las leyes que enumeraron en aquel acuerdo no han llegado a aprobarse o ni siquiera han alcanzado las Cortes Generales. Entre ellas figuran una ley contra la trata de personas, que ya generó controversia en la legislatura pasada; la ley del cine, actualmente en negociación; u otras normas contra el racismo o sobre bebés robados, de las que no se ha visto nada en toda la legislatura.
El desgaste de Díaz
Sumar, como socio minoritario, ha sido quien más desgaste ha sufrido a lo largo de estos tres años. Algunas de las grandes iniciativas que presentó a bombo y platillo desde los ministerios que controla han quedado en agua de borraja. La principal ha sido la reducción de la jornada laboral que impulsó la propia Díaz desde el Ministerio de Trabajo. El texto, que pretendía fijar en 37,5 horas el máximo semanal de trabajo, fue rechazado en el Congreso hace poco menos de un año con los votos de PP, Vox y Junts, tras una negociación en la que el PSOE apenas se implicó.
Díaz tampoco ha culminado otro de sus proyectos más personales: el Estatuto del Becario, que llegó al Congreso en marzo de este año. A esto se suma que la Ley de Familias, impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lleva en periodo de enmiendas desde marzo de 2024 y que los permisos por nacimiento se ampliaron a 19 semanas por progenitor, una menos de las previstas en el pacto de coalición. Y de la ley de derechos culturales mencionada en aquel texto de 2023, cuya tramitación correspondería al ministro Ernest Urtasun, no se ha vuelto a hablar. El resultado es un largo listado de medidas pendientes para las que el reloj de la legislatura corre cada vez más deprisa.
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