- Evolución del discurso del presidente ceutí ante la crisis migratoria
- Anuncio del presidente sobre la posible vía judicial
- Posición de Juezas y Jueces para la Democracia sobre la actuación judicial
- Cuestionamientos sobre la viabilidad de la denuncia del presidente ceutí
- Derechos de los migrantes y posibles recursos judiciales
- Obligaciones del Estado y sus limitaciones jurídicas
- Valoración final sobre el proceso judicial y riesgos políticos asociados
Evolución del discurso del presidente ceutí ante la crisis migratoria
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, desde el inicio de la crisis migratoria, ha endurecido progresivamente su discurso: comenzó reclamando refuerzos para recuperar la normalidad en las calles y ha terminado acusando al Gobierno de «pasividad», exigiendo el retorno de los migrantes y amenazando con acudir a los tribunales si no se adoptan medidas. En las últimas horas, el presidente popular ha pedido «blindar» la frontera con más militares, policías y guardias civiles, insistiendo urgentemente en que ese es el sentir general de los ceutíes: «impotentes y abandonados«.
Anuncio del presidente sobre la posible vía judicial
Aunque no ha presentado todavía ninguna demanda o recurso concreto ante los tribunales, Juan Jesús Vivas anunció el pasado 17 de agosto que, si en el plazo de 30 días no se resuelve la crisis, acudirá a uno de los tres poderes del Estado: el Judicial. Básicamente, según sus palabras, tiene la intención de trasladar la situación sufrida a las instituciones judiciales, así como de comunicar a los presidentes del Tribunal Constitucional (Isabel Perelló) y del Tribunal Constitucional (Conde-Cándido Pumpido) que: «Ceuta está en peligro«. Él mismo explicó que inicialmente quiere que conozcan la situación, sin interferir en la independencia judicial.
Posición de Juezas y Jueces para la Democracia sobre la actuación judicial
Dada esta situación, Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación fundada en 1984 que, según exponen, defiende la independencia judicial, los derechos fundamentales, la igualdad y los valores del Estado social y democrático de Derecho. En conversación con este medio, interpretan que no tiene por qué producirse la circunstancia de que ninguna actuación del Ejecutivo socialista acabe ante los tribunales «si se respeta la legalidad, se atiende la crisis humanitaria y se cumplen con las exigencias del ordenamiento jurídico, particularmente la Ley de Extranjería, que permite a España controlar sus fronteras y contempla la devolución de quienes entren irregularmente, pero siempre mediante los procedimientos y garantías establecidos, y la Ley de Asilo, que obliga a proteger a quienes soliciten protección internacional y prohíbe su devolución cuando exista riesgo para su vida o libertad». En ambos casos, la actuación de las autoridades debe respetar las circunstancias individuales y las garantías legales.
Cuestionamientos sobre la viabilidad de la denuncia del presidente ceutí
Desde el colectivo de jueces ponen el foco precisamente en el anuncio de Vivas de acudir al Poder Judicial. La asociación considera que, antes de hablar de una posible batalla judicial, es necesario conocer qué actuación concreta pretende llevar el presidente ceutí ante los tribunales y por qué vía. «Habrá que ver en qué términos se concreta esa afirmación del presidente de Ceuta. Una cosa son las declaraciones políticas y otra bien diferente la actuación ante los tribunales. Lo que se desea en un caso puede ser inviable en el otro», señalan a Confidencial Digital.
De esta forma, desde la asociación cuestionan que el anuncio de Vivas pueda traducirse directamente en una denuncia o recurso contra el Gobierno. El presidente ceutí todavía no ha concretado qué actuación del Ejecutivo pretende impugnar. Por el momento, su intención pasa por trasladar la situación de Ceuta a las instituciones judiciales y poner en su conocimiento que la ciudad se encuentra, según sus palabras, «en peligro«.
Derechos de los migrantes y posibles recursos judiciales
La asociación recuerda que cualquier ciudadano o afectado puede acudir a los tribunales si considera que se han vulnerado sus derechos, una posibilidad que también existe en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, para que exista un procedimiento judicial debe haber una actuación administrativa concreta susceptible de ser recurrida y una vía jurídica adecuada.
En este sentido, JJpD tampoco descarta que algunas de las actuaciones desarrolladas durante la crisis puedan terminar siendo revisadas por los jueces. Si se hubiera producido una devolución sin la correspondiente identificación y valoración individualizada, explican, «tanto la persona afectada como el Ministerio Fiscal pueden acudir a los tribunales para reclamar la nulidad de una actuación administrativa que estimen contraria a derecho». No obstante, puntualizan que no les consta que se haya producido esa circunstancia.
Obligaciones del Estado y sus limitaciones jurídicas
La asociación también señala que el Estado tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas y los derechos fundamentales de las personas que permanecen en Ceuta mientras se resuelve su situación de manera individualizada. Si no se garantizan el alojamiento y la protección necesarios, estas obligaciones «pueden reclamarse ante los tribunales».
Valoración final sobre el proceso judicial y riesgos políticos asociados
Por tanto, JJpD no da por hecho que la crisis vaya a desembocar en los tribunales por iniciativa de Vivas. Su valoración pasa por esperar a que el presidente concreto qué quiere denunciar o recurrir y si esa actuación tiene realmente encaje jurídico. «Una cosa son las declaraciones políticas y otra bien diferente la actuación ante los tribunales», insisten.
Más allá de una posible batalla judicial, la asociación considera que el principal riesgo en estos momentos es político. JJpD advierte de que una crisis humanitaria como la de Ceuta puede ser utilizada por determinados partidos para alimentar «el discurso del odio al extranjero» o para «banalizar los derechos de las personas«.
