El grupo ecologista Gob Mallorca ha exigido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que clausuren el aparcamiento de Cala Llombards, después de que una sentencia haya rechazado el recurso municipal contra la orden de retirar sus instalaciones y señalización.
La entidad ha denunciado este martes que los vehículos continúan estacionando en una superficie catalogada como playa, donde la circulación y el aparcamiento están prohibidos por la normativa de Costas.
Según la asociación, el ayuntamiento todavía no ha retirado las señales que facilitan el estacionamiento y la Demarcación de Costas no ha adoptado medidas para impedir físicamente el acceso de los vehículos.
La organización denunció en febrero de 2018 la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 metros cuadrados situada en el lado norte de la playa. El espacio albergaba un hábitat protegido de dunas blancas y especies como el lirio de mar, han recordado los ecologistas.
Aunque la delimitación posterior de una zona de protección permitió recuperar parcialmente la vegetación, el mantenimiento del aparcamiento habría impedido la restauración completa del sistema dunar.
En mayo de 2022, la entidad denunció de nuevo la ocupación ante Costas, el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio.
Tras una inspección, Costas concluyó que el aparcamiento estaba situado en dominio público marítimo-terrestre y que no constaba ninguna autorización para utilizar el espacio con esa finalidad ni para mantener la señalización.
Unos meses después, la Demarcación concedió al consistorio un mes para clausurarlo y retirar sus instalaciones y señales, y en octubre reiteró la orden con un plazo de diez días. Santanyí recurrió el requerimiento al considerar que disponía de una autorización concedida en 2018 para señalizar y delimitar los accesos a la playa.
Tribunal Superior de Justicia de Balears
Sin embargo, una sentencia dictada el pasado 8 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) concluyó que ese permiso había expirado en marzo de 2022 y desestimó el recurso municipal.
La resolución impuso además al ayuntamiento el pago de las costas judiciales, con un límite de 3.000 euros.
Ahora, los ecologistas han pedido al consistorio que retire las instalaciones y la señalización y a Costas que coloque carteles informativos, impida el acceso de vehículos y actúe ante los incumplimientos.
