Tras haberse negado en reiteradas ocasiones a las peticiones de las eléctricas operadoras de la central nuclear de Almaraz, y a las demandas de las administraciones y la sociedad civil de una región cuya actividad económica depende en buena parte de esta instalación, el Gobierno publicó ayer sin previo aviso, en el BOE, la decisión de aplazar el cierre de sus dos reactores al 8 de junio de 2030.
Las operadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy) habían argumentado que la vida activa de Almaraz podía ser prolongada sin ningún riesgo, extremo que ha sido avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Al mismo tiempo, especialmente tras el apagón de 2025, han puesto sobre la mesa, con el apoyo de organizaciones empresariales, sectores productivos y representantes de los entornos locales afectados directamente por los cierres, la oportunidad de replantear el apagón nuclear, o cuanto menos su calendario, mientras no esté garantizado que el parque de energías renovables sea suficiente para alimentar un proceso de electrificación que debe escalar en los próximos años y mientras la red de distribución no esté adaptada a operar de forma segura y estable con este nuevo modelo de generación.
No se trata de plantear un dilema entre nuclear y renovables (las principales accionistas, por ejemplo, de Almaraz, están también plenamente volcados en ellas), sino en cómo y a qué ritmo hacer la transición y si es posible que su punto final sea un apagón definitivo. En los últimos meses, las energéticas habían dejado de poner como condición, para que la central pueda seguir operando a costes rentables para sus propietarios y que no tengan un impacto negativo en el precio para el consumidor, un replanteamiento de la fiscalidad.
De hecho, la escalada de precios de gas y petróleo por los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo hace que tanto la nuclear como las renovables sean una garantía de freno en los costes para el consumidor, y el peso de ambas en España se convierte en un elemento de competitividad para nuestra economía frente a otros países más dependientes de los combustibles fósiles.
El Gobierno sostiene su decisión únicamente en este único argumento, el del impacto de las crisis geopolíticas, para aprobar una prórroga limitada en el tiempo y que, sostiene, no ha de implicar el horizonte de cierre de todos los grupos nucleares del país en 2035. El Ejecutivo, así, modifica su planteamiento inicial a partir de circunstancias coyunturales sin querer rectificar algunas de sus anteriores afirmaciones, e intenta limitar el interno que se crea en la mayoría gubernamental, sin éxito a la vista de la reacción de Sumar.
El nuevo calendario deja oportunamente las decisiones que se deban tomar cuando se acerquen los próximos hitos de la agenda en manos del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales. Pero ni la situación de inestabilidad en las regiones productoras tiene por qué tener fecha de caducidad, ni hay garantías de que las previsiones de aumento de capacidad de las renovables (de los 8 GW actuales a 22 GW en 2030) que hipotéticamente harían viable el apagón nuclear puedan cumplirse.
Tampoco puede darse por seguro que se puedan gestionar los cierres y sus residuos con un apagón simultáneo de cuatro reactores en 2030, lo que sucedería si como dice el Gobierno la prórroga de Almaraz no va seguida de un efecto dominó en el resto del calendario de cierres, de forma destacada Ascó 1 y Vandellós 2. Si estas condiciones finalmente no se dan, se acumularían los motivos que obligarían a nuevas moratorias.
Pero este escenario de incertidumbre, frente a la alternativa de una prórroga mayor o un aplazamiento de la fecha final del proceso, no ayuda a una planificación a largo plazo, ni nuclear ni de despliegue de las renovables, cuando eso es lo que se precisa para garantizar la estabilidad tanto de suministro como económica que el Gobierno reconoce ahora que se deben asegurar.
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