El magistrado Emilio Calatayud ha intervenido en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE para abordar la compleja gestión de los menores migrantes no acompañados que han llegado a España. Durante la emisión, el antiguo juez de menores ha recordado que la legislación española y los tratados internacionales obligan a las comunidades autónomas a asumir la tutela de los menores en situación de desamparo hasta que alcancen la mayoría de edad.
En relación con la posibilidad de repatriar a estos jóvenes a Marruecos, el jurista ha remarcado que existen serios impedimentos legales y procedimentales para llevar a cabo devoluciones directas. Ha explicado que resulta imprescindible un proceso previo para identificar a los menores y determinar la localización de los progenitores, un trámite que requiere un tiempo prudencial y plenas garantías dentro de un Estado de derecho.
El magistrado ha subrayado también la jerarquía normativa aplicable a estos casos de acogida, asegurando que «el derecho del menor es preferente a todos los demás». Además, ha sostenido de forma tajante sobre la realidad de los retornos a los países de origen que «de todos los menores que yo he conocido, ninguno ha vuelto».
El derecho del menor es preferente a todos los demás»
Obligaciones legales y recursos de las comunidades
En el desarrollo del espacio de ‘El Cascabel’, se ha debatido sobre la tensión financiera entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas. Calatayud ha expresado que la falta de recursos económicos no exime a los gobiernos regionales de cumplir con la custodia legal, advirtiendo de que una negativa a aceptarlos supondría un incumplimiento del marco normativo. Por su parte, el Estado incurre también en una falta si no dota de la financiación necesaria a los territorios receptores.
Durante el debate se ha puesto de manifiesto la complicada saturación que sufren zonas con limitada capacidad de acogida como Melilla o Ceuta, así como la realidad vivida habitualmente en Andalucía. Ante las dudas sobre el papel de las autoridades marroquíes en la búsqueda de las familias, la mesa de debate ha calificado de «hipocresía» las declaraciones del Gobierno de Marruecos, dado que el país vecino no ha cooperado históricamente en los procesos de repatriación.
Asimismo, se ha detallado que el Ministerio de Infancia ha previsto votar en la reunión sectorial el reparto de 25 millones de euros entre las comunidades autónomas para paliar esta sobrecarga. Respecto a la intervención de la justicia de menores, el magistrado ha aclarado que únicamente se produce cuando el menor comete un hecho delictivo, momento en el que se deriva a un juzgado de menores y a un centro de reforma, aunque la tutela general siga recayendo en la administración autonómica.
De todos los menores que yo he conocido, ninguno ha vuelto»
Convivencia y lecciones de vida en los centros
El entrevistado ha profundizado en su trayectoria profesional al frente de la jurisdicción juvenil para ofrecer un testimonio personal sobre su experiencia directa en los centros de protección y en los centros de reforma. El jurista ha destacado que la convivencia entre jóvenes de distintas procedencias, como los subsaharianos y los procedentes del Norte de África, exige «muchísimo tacto» por parte de los profesionales y las instituciones responsables.
A pesar de la dureza de las circunstancias de llegada y del proceso de adaptación, ha valorado muy positivamente las enseñanzas recibidas a lo largo de su trayectoria. El antiguo juez ha asegurado que ha aprendido valiosas lecciones de vida de estos jóvenes que han llegado en situaciones extremas, concluyendo su intervención en TRECE con un toque personal al afirmar que se encuentra «mejor que el país».
