Un grupo de 26 países, entre ellos España, ha expresado este miércoles su rechazo a las ejecuciones de manifestantes y opositores llevadas a cabo por las autoridades iraníes. Los firmantes han reclamado a Teherán que ponga fin de manera inmediata al uso de la pena de muerte y que libere a las personas que permanecen detenidas de forma arbitraria.
La declaración está respaldada por 18 Estados miembros de la Unión Europea, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y los gobiernos de Canadá, Albania, Australia, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Reino Unido. En el texto, los países denuncian «con la mayor firmeza» tanto las ejecuciones de personas vinculadas a las protestas como la utilización de la pena capital por parte de la República Islámica de Irán.
Los firmantes consideran que la pena de muerte no puede emplearse como herramienta para acallar a quienes discrepan del Gobierno, intimidar a determinados colectivos o castigar el ejercicio de derechos fundamentales. En este sentido, han defendido que la población iraní debe poder ejercer sus libertades de expresión y de reunión pacífica sin temor a represalias.
El comunicado reclama al régimen iraní que abandone inmediatamente las condenas a muerte y proceda a liberar a quienes hayan sido privados de libertad de manera arbitraria. Asimismo, los países instan a las autoridades de Teherán a atender las demandas de la población, que reclama cambios, y a adoptar medidas que permitan garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, también ha respaldado públicamente la declaración. El jefe de la diplomacia gala ha denunciado que, siete meses después de la represión de las protestas en las que miles de iraníes salieron a las calles para reclamar justicia y dignidad, las autoridades continúan recurriendo a las ejecuciones.
Barrot ha reclamado el fin de lo que considera una represión «insoportable e inhumana», así como que los responsables rindan cuentas y que los presos políticos sean puestos en libertad. También ha defendido que los ciudadanos iraníes puedan decidir libremente su futuro y ejercer sus derechos fundamentales.
La preocupación internacional se suma a las advertencias formuladas recientemente por Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó hace una semana del incremento de las ejecuciones y las condenas a muerte en Irán.
Según sus datos, al menos 56 personas habrían sido ejecutadas desde las primeras condenas vinculadas a la nueva oleada de protestas antigubernamentales registrada a comienzos de 2026 en distintas ciudades iraníes. Cerca de la mitad de estos casos estarían relacionados con acusaciones vinculadas a la seguridad nacional.
Türk afirmó estar «alarmado» por el aumento de las ejecuciones desde marzo y por el mantenimiento de la pena capital como instrumento para generar miedo entre la población y perseguir la disidencia.
Entre 2022 y 2025 se documentaron más de 4.000 ejecuciones en Irán
Irán mantiene una de las políticas de pena de muerte más intensas del mundo. Desde la instauración de la República Islámica, en 1979, no se ha producido una suspensión general de las ejecuciones. Sí han existido moratorias parciales, como la relativa a la lapidación, pero la pena capital ha permanecido integrada en el sistema judicial iraní.
Su aplicación se ha intensificado de forma muy significativa en los últimos años. Según Iran Human Rights y ECPM, al menos 834 personas fueron ejecutadas en 2023 y 975 en 2024. En 2025, las organizaciones documentaron al menos 1.639 ejecuciones, la cifra anual más alta registrada por Iran Human Rights desde 1989. En torno al 93% de ellas no fueron anunciadas oficialmente por las autoridades, lo que evidencia la enorme opacidad del sistema.
La mayoría de las ejecuciones corresponden formalmente a delitos relacionados con drogas y homicidios. Sin embargo, la pena capital también tiene una dimensión política. Tras las protestas de «Mujer, Vida, Libertad» de 2022, varias personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas por delitos como «enemistad contra Dios» o «corrupción en la Tierra». Organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunos de estos procesos estuvieron marcados por torturas, confesiones forzadas y falta de garantías judiciales.
La ONU lleva décadas cuestionando la aplicación de la pena de muerte en Irán. En agosto de 2024, el Alto Comisionado Volker Türk expresó su alarma después de que al menos 29 personas fueran ejecutadas en apenas dos días. Naciones Unidas denunció además la falta de garantías procesales, la afectación desproporcionada de determinadas minorías y el uso de la pena capital por delitos de drogas, contrario a los estándares internacionales cuando no existe homicidio intencionado.
La magnitud del fenómeno resulta especialmente significativa: entre 2022 y 2025 se documentaron más de 4.000 ejecuciones. Aunque no todas fueron de naturaleza política —una parte importante correspondió a homicidios y delitos de drogas—, la utilización de la pena capital contra manifestantes, disidentes y personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional ha llevado a Naciones Unidas y a organizaciones como Amnistía Internacional a denunciarla también como un mecanismo de intimidación y represión.
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