El Gobierno sostiene que la llegada masiva a Ceuta fue alentada por las mafias y no por una actuación deliberada de Marruecos, y vincula la crisis con el incentivo que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente por vía marítima habría supuesto para esas redes. Si esa era la hipótesis que manejaba el Ejecutivo, resulta difícil comprender por qué no se reforzó la vigilancia ni se intensificó el seguimiento por parte de los servicios de inteligencia. Si, por el contrario, ese riesgo no se había contemplado, resulta igualmente difícil explicar cómo un movimiento de tal magnitud pudo pasar inadvertido.
Pero si el origen de la crisis plantea dudas sobre la actuación del Gobierno, su desenlace no las disipa. La mayoría de quienes llegaron abandonó Ceuta voluntariamente, un resultado que parece responder menos a la actuación del Ejecutivo que a la ausencia de expectativas de permanencia, ya que, sin dispositivos de acogida, sin posibilidades reales de asentamiento y sin opciones de acceder a la península, la ciudad dejó de ser un destino atractivo. Aun así, la principal respuesta del Gobierno ha sido la construcción de una barrera física de contención en el mar. Más que una medida de eficacia contrastada, constituye una solución de carácter eminentemente simbólico que, además, resulta difícil de conciliar con las críticas que el propio Ejecutivo había dirigido hasta ahora a las políticas de fortificación fronteriza.
Por último, resulta difícil explicar el malestar del Ejecutivo ante la reacción de muchos gobiernos de la Unión Europea. Desde hace años, la política migratoria comunitaria se orienta hacia un mayor control de las fronteras y una reducción de los incentivos a la inmigración irregular, mientras que el Gobierno español se ha ido alejando de ese consenso. Puede discrepar legítimamente de él, pero no debería molestarle que sus socios respondan de forma coherente con la posición que vienen manteniendo.
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