La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a un constructor de la isla y a su pareja por presuntamente haber defraudado más de medio millón de euros a la Seguridad Social por impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores entre 2018 y 2021.
La fiscalía solicita para cada uno de los encausados sendas penas de cuatro años de cárcel, una multa de 1,7 millones de euros, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años, así como su inhabilitación por un periodo de cuatro años para ejercer cualquier profesión, oficio, industria o comercio en el sector de la construcción.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa que ambos indemnicen a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con 599.083 euros, que se corresponde con la deuda que sus tres sociedades han contraído con el organismo entre los años 2018 y 2021, incluyendo los recargos e intereses.
Según la versión de la fiscalía, el empresario de la construcción acusado, de 44 años, y su pareja, de 43, idearon un plan cuando la primera sociedad empezó a tener deudas relevantes con la Seguridad Social. Así, provocaron el cese efectivo de la actividad de la mercantil, sin proceder a su formal liquidación y disolución, e inmediatamente después gestionaron el mismo negocio con otras empresas.
De esta manera, señala la acusación pública, con las nuevas sociedades creadas podían operar con normalidad al no presentar deuda alguna con la Seguridad Social e incluso podían obtener certificados negativos de deuda. Además, la deuda vencida de la empresa anterior no podía satisfacerse a través de los diferentes expedientes de apremio tramitados para el cobro de las deudas dado que, aparentemente, se trataba de sociedades diferentes.
El entramado societario creado por los dos sospechosos tenía varias sedes formales, tanto en Calvià como en Palma, con el fin de aparentar la inexistencia de vínculos entre las distintas mercantiles, si bien desarrollaban fundamentalmente sus actividades desde la misma oficina y compartían clientela, proveedores, los mismos medios materiales y también los diferentes trabajadores asalariados, según resalta el fiscal, que acusa a la pareja de un delito contra la Seguridad Social.
La primera empresa, José Luis Baleares SL, constituida en marzo de 2013 en Palma, en la que figuraba como socio y administrador único el constructor sospechoso y cuyo objeto social declarado era la rotulación, interiorismo y la construcción de edificios residenciales, fue dada de alta en la Seguridad Social en marzo de 2016. Llegó a contar con 92 trabajadores diferentes afiliados y fue dada de baja en mayo de 2019 por carecer de empleados, según el ministerio público.
Impago de cuotas
En 2018, esta mercantil comenzó a generar deudas relevantes con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de cotización del personal. Entonces, la pareja planeó crear otras sociedades que continuarían su actividad, pero que quedarían desvinculadas de las deudas previamente contraídas. El impago de las cuotas no tendría consecuencia alguna, en principio, dado que se había producido la descapitalización de la sociedad generadora de la deuda al tiempo que continuaban con la actividad y obteniendo beneficios con otras mercantiles creadas con posterioridad, subraya el fiscal.
Cuando se produjo el cese aparente de la actividad de la primera empresa, ambos encausados adquirieron una sociedad en marzo de 2018, a la que cambiaron el domicilio, denominación y objeto social, pasándose a llamar Rehabilitaciones Sánchez y Medina SL, dedicada a la construcción de edificios. En ella constaba como administradora y socia única la mujer, “con el fin de obstaculizar la intervención de la Seguridad Social” para el cobro de las deudas contraídas, asegura el fiscal.
Precisamente, la acusada era una “mera administradora formal”, ya que la dirección y gestión de la empresa la asumió exclusivamente su cónyuge, quien quedaba oculto frente a la Seguridad Social. Esta segunda sociedad fue dada de alta en mayo de 2018 hasta mayo de 2019, cuando fue dada de baja por carecer de trabajadores. Según la acusación, se empleaba prácticamente la misma plantilla y el mismo autorizado RED que la primera y era dirigida por el mismo administrador, esta vez oculto tras la figura de la administradora formal.
Por último, en julio de 2018 se constituyó la tercera mercantil, Jasu Building Homes SL, dedicada nuevamente a la construcción de edificios y en la que figuraba como administrador y socio único una tercera persona, si bien el gestor y director real era el acusado. Esta sociedad fue dada de alta en septiembre de 2018 y de baja en agosto de 2021 por carecer también de trabajadores.
Entre 2018 y 2021, estas tres empresas contrajeron una deuda con la Seguridad Social de unos 400.000 euros, a los que hay que sumar otros 14.191 euros que se generaron de deuda por parte del constructor encausado que, como trabajador autónomo, no pagó las cuotas RETAS durante ese tiempo. Si se incluyen los recargos e intereses, la deuda total ante la TGSS asciende a 599.083 euros, según la fiscalía.
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