Medio año después de la tragedia que dejó 46 fallecidos, las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz aseguran sentirse abandonadas y sin respuestas. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha denunciado este sábado, día que se cumplen seis meses del accidente, el “desamparo y la parálisis” que, según sostiene, sufren los afectados y los familiares de las personas que perdieron la vida.
En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha advertido de que la falta de avances está afectando especialmente a la salud mental de los supervivientes y de las familias. “Para salvaguardar la salud, sobre todo mental, de las víctimas que quedan vivas y de los familiares de los fallecidos, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible”, ha señalado.
El accidente ferroviario de Adamuz provocó la muerte de 46 personas, de las que 28 residían en diferentes localidades de la provincia de Huelva. Al cumplirse medio año del siniestro, los afectados sostienen que la situación continúa “prácticamente igual” que durante los días posteriores a la tragedia.
Temor a un largo proceso judicial
A la «lentitud burocrática», la asociación suma la ausencia de responsabilidades políticas y técnicas. Los afectados también muestran su preocupación ante la posibilidad de que el procedimiento judicial se prolongue durante años.
Samper ha explicado que mantienen contacto con otras asociaciones de víctimas de grandes catástrofes, cuyos procesos judiciales se han extendido durante más de una década. “Nos hablan de más de diez años de trámites judiciales, y esto nos asusta muchísimo”, ha afirmado el presidente de la asociación.
Los familiares reclaman que la investigación permita aclarar cuanto antes las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades. Consideran que una demora excesiva podría aumentar el desgaste psicológico de quienes todavía afrontan las consecuencias personales y familiares del siniestro.
Críticas a la seguridad ferroviaria y a la falta de respuestas
La asociación también ha criticado que, a su juicio, lo ocurrido en Adamuz no haya provocado cambios suficientes en el funcionamiento del sistema ferroviario. Samper sostiene que en España se continúa prestando un servicio “inseguro”.
Los afectados remitieron recientemente un escrito al Consejo de Ministros y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que reclamaban la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que se garantizaran unas condiciones básicas de seguridad.
Según Samper, la única respuesta recibida hasta el momento han sido declaraciones públicas de representantes del Gobierno defendiendo el servicio ferroviario. “Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario”, ha denunciado.
En el ámbito económico, el representante de las víctimas ha confirmado que Renfe ya ha consignado una cantidad en el Juzgado de Montoro para hacer frente a las futuras indemnizaciones. Sin embargo, la asociación asegura desconocer los criterios aplicados para distribuir esas cuantías, un reparto que considera “a todas luces incongruente”.
Fuente: Diario Córdoba
