El Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el supuesto fraccionamiento de contratos menores en varias obras ejecutadas en el entorno de la Puerta del Socorro.
La denuncia fue presentada por MC contra el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega Madrid, y una ingeniera municipal, si bien en el procedimiento también figuran el Ayuntamiento de Cartagena, el Ministerio Fiscal y el Grupo Municipal MC Cartagena.
El auto, fimado este miércoles, señala que durante la instrucción se recabaron los expedientes administrativos vinculados a las contrataciones cuyo posible fraccionamiento se denunciaba. La investigación se centraba en tres contratos menores de obra relacionados con actuaciones en la Puerta del Socorro en la explanada de El Batel.
En concreto, la resolución analiza un expediente sobre obras de accesibilidad a la Puerta del Socorro, otro relativo a la remodelación de sus accesos y un tercero sobre la reposición de caminos peatonales en la explanada de El Batel para la celebración de eventos culturales.
Tras revisar la documentación, la magistrada concluye que los tres expedientes “no cuentan ni con el mismo objeto de ejecución”, no son dependientes entre sí y no presentan una unidad funcional que exigiera su contratación conjunta. El auto sostiene que se trata de “tres acometimientos urbanísticos perfectamente susceptibles de ejecutarse por separado”.
La resolución añade que no se evidencia que la decisión de licitar y ejecutar esas actuaciones de forma separada constituya una resolución “patentemente contraria a derecho”, requisito necesario para apreciar indicios de prevaricación administrativa.
Por ello, el juzgado considera que no aparece debidamente justificada la comisión del delito que motivó la apertura de la causa y acuerda el archivo provisional de las diligencias.
El sobreseimiento se dicta al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que las actuaciones practicadas no permiten sostener la existencia de indicios suficientes de delito.
El auto no es firme y contra la resolución cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles y recurso de apelación en cinco días hábiles, contados desde la notificación.
Tras conocer el auto de archivo de las diligencias, fuentes de MC aseguran que respetan la decisión judicial y no van a continuar con el procedimiento, si bien la resolución considera que los hechos denunciados no son constitutivos de un delito de prevaricación, sin perjuicio de las posibles responsabilidades administrativas que pudieran existir.
«La denuncia fue impulsada por una preocupación muy concreta: evitar una actuación que entendíamos perjudicial para el patrimonio histórico de Cartagena. Ese objetivo se ha cumplido, ya que la intervención fue finalmente retirada y el espacio recuperado», afirman.
Por ello, entienden que el procedimiento ha servido para proteger el patrimonio, que era la finalidad que perseguían desde el principio.
Además, estas mismas fuentes comentan que seguirán atentos a la actuación de la Consejería de Cultura, «esperamos que concluya el expediente abierto por la intervención realizada sobre la muralla de Carlos III sin la autorización preceptiva y que, si procede, depure las responsabilidades administrativas correspondientes, incluyendo la valoración de los posibles daños ocasionados al bien protegido».
«Nuestra prioridad sigue siendo la defensa del patrimonio de Cartagena. Esa labor no termina con el archivo de un procedimiento penal», concluyen.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Ignacio Jáudenes, afirma que el archivo de la denuncia de MC contra Ortega «es el final lógico y justo de una denuncia vergonzosa. Desde el primer día dijimos que no había caso, que no existía actuación irregular y que todo respondía a una maniobra impulsada por razones partidistas».
«MC despreció los hechos, despreció la verdad y arrastró el nombre de un concejal al juzgado sin base real, sin recorrido jurídico y, probablemente, sin ninguna esperanza de que aquella denuncia prosperase. Su único objetivo fue fabricar titulares, poder pronunciar la palabra corrupción y usar una institución tan seria como la Justicia para alimentar su estrategia política», expone Jáudenes.
Para el edil popular, «MC eligió convertir la sospecha en método político. Lo hizo con Diego Ortega y ahora intenta repetir la misma fórmula con la comisión de investigación sobre Turismo: levantar ruido, sembrar dudas y buscar titulares aunque los hechos no acompañen».
«Siempre explicamos lo que ahora responden los jueces: el supuesto fraccionamiento de contratos fueron, en realidad, contratos diferentes para obras diferentes y con motivaciones diferentes. Unas actuaciones estaban vinculadas al acceso al campus de la Muralla y otras a la adecuación del entorno del Batel para el festival Rock Imperium», recuerda el portavoz municipal.
Según Jáudenes, «es importante recordar dos cosas. Primero, que denunciar por prevaricación a un concejal implica acusar de irregularidades a los funcionarios que intervinieron en el proceso. Y lo segundo es que las denuncias ante un juzgado son un instrumento demasiado valioso de la democracia como para utilizarlas como arma partidista. No se puede acudir a los tribunales para intentar ganar en los juzgados lo que no se sostiene con hechos».
«El archivo judicial pone las cosas en su sitio», sentencia.
