La comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas ha requerido al gestor de la cooperativa y también propietario en Les Naus, Francisco Ordiñana, la documentación solicitada dentro del plan de trabajo después de que venciera el plazo sin que hubiera sido remitida. El letrado del órgano parlamentario le ha conminado a entregarla y le ha advertido de las responsabilidades en las que podría incurrir en caso de obstruir la labor investigadora de la comisión.
La presidenta de la comisión, Ana Vega, informó el miércoles de este requerimiento al inicio de la segunda sesión de comparecencias. Según explica, el plazo concedido a la cooperativa para remitir la documentación ha concluido, al igual que la fecha fijada para la entrega de los expedientes reclamados al Consell. Al no haber recibido los papeles solicitados a Les Naus, los servicios de la comisión han enviado un nuevo requerimiento a Ordiñana.
La documentación reclamada a la cooperativa afecta a algunos de los puntos centrales del caso. La comisión pidió la documentación de constitución de Les Naus, incluida su inscripción en los registros correspondientes, así como el listado inicial de cooperativistas y todas sus sucesivas modificaciones hasta la adjudicación final, con fecha de inscripción y motivaciones. Ese listado sería clave para reconstruir quién entró en la promoción, cuándo lo hizo y en qué condiciones.
Las Cortes también solicitaron los documentos requeridos para concurrir a la licitación, la documentación remitida a la Conselleria de Vivienda, el detalle de las personas relacionadas con la cooperativa que hubieran participado en la revisión de los expedientes y la copia de la lista de cooperativistas de la promoción Residencial Viride que, que la misma gestora desarrolló en el PAU 5, en la zona de la playa de San Juan de Alicante.
Nuevo choque
El incumplimiento del plazo por parte de la cooperativa se suma al nuevo choque por la documentación de la Conselleria de Vivienda. Vega ha recordado que el viernes 2 de julio entró por registro un oficio del director general de Relaciones con las Cortes por el que se trasladaba un escrito del subsecretario de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda. En ese documento se comunicaba que, una vez reunida toda la documentación, se había solicitado un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat por la cantidad de datos personales incluidos en los expedientes.
La presidenta de la comisión defendió entonces ante la Mesa del órgano que las facultades de investigación de las Cortes “no pueden verse mermadas” por prescripciones genéricas de protección de datos. Según el acuerdo trasladado a la Mesa de las Cortes, el deber de secreto de los integrantes de la comisión puede recordarse al remitir la documentación pero no puede servir para justificar ni retrasos ni una entrega “cercenada” de los expedientes reclamados.
Por ello, la comisión acordó reclamar al Consell la entrega inmediata de la documentación requerida el 22 de mayo, cuyo plazo ha finalizado. La Mesa de las Cortes tuvo conocimiento de ese acuerdo en su sesión de este martes. La reclamación llega después de que Vivienda comunicara que tenía ya reunidos los expedientes pero condicionara su remisión al informe del delegado de Protección de Datos.
Diputados de la oposición sostienen que la documentación de Vivienda ha llegado finalmente a las Cortes, aunque de una forma que, a su juicio, impide el acceso efectivo de los miembros de la comisión. Según esas fuentes, los expedientes se han remitido clasificados por niveles de protección, en un dispositivo dentro de un sobre y con un código de acceso reservado.
Expedientes
La oposición considera que esa fórmula no equivale a entregar la documentación a los diputados y denuncia que este miércoles seguían sin poder acceder a los expedientes. Los letrados de las Cortes estudian ahora cómo proceder ante una situación que, según esas fuentes, no se había producido hasta ahora en la actividad de una comisión de investigación. La izquierda entiende que esa restricción vulnera el derecho de los parlamentarios a consultar la documentación necesaria para ejercer su función.
La comisión queda así atrapada en un doble conflicto documental. Por un lado, la cooperativa no ha entregado en plazo la información requerida sobre su constitución, sus cooperativistas, la licitación y los expedientes remitidos a Vivienda. Por otro, la documentación del Consell ha llegado, según denuncia la oposición, bajo un sistema de acceso limitado que impide por ahora su consulta ordinaria por parte de los diputados.
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