La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda ha solicitado un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana antes de remitir a la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes la documentación requerida dentro del plan de trabajo aprobado por el PP y Vox. La comunicación llega a pocos días de que venza el plazo para entregar esos expedientes, fijado para este lunes 6, y ha provocado las críticas del PSPV, que acusa al departamento que dirige Susana Camarero de intentar ganar tiempo y dificultar el trabajo parlamentario.
La documentación fue solicitada por la Presidencia de las Cortes en aplicación del plan de trabajo aprobado el pasado 22 de mayo por la comisión que investiga la promoción de viviendas protegidas Residencial Les Naus. En una comunicación remitida a la Cámara autonómica, se indica que, “una vez reunida toda la documentación” y “ante la cantidad de datos personales” que aparecen en ella, se ha pedido informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat. El escrito de traslado ha sido remitido por el director general de Relaciones con las Cortes.
En el oficio adjunto se solicita criterio sobre el alcance y las condiciones en las que debe remitirse la información a la comisión de investigación, al considerar que parte del expediente administrativo puede contener datos personales de personas físicas. El documento fue registrado de entrada en las Cortes este jueves.
La petición de informe afecta a una batería amplia de documentación sobre Les Naus. Entre otros expedientes, la comisión reclama la copia íntegra del expediente administrativo, la relación completa de viviendas y elementos vinculados, las solicitudes de calificación provisional y definitiva, las autorizaciones para percibir cantidades a cuenta, las prórrogas de plazos de ejecución, los informes posteriores al visado de compradores, el expediente sancionador abierto contra un funcionario del Servicio Territorial de Vivienda, las denuncias o escritos remitidos a la Fiscalía y otros órganos, los metadatos de acceso al expediente y el convenio por el que el Consell cede al Ayuntamiento de Alicante el derecho de tanteo y retracto.
Están intentando ganar tiempo y obstaculizar el trabajo de los parlamentarios
La diputada socialista María José Salvador, integrante de la comisión, interpreta la consulta como una maniobra dilatoria. “Están intentando ganar tiempo desde la conselleria y están obstaculizando el trabajo de los parlamentarios”, ha denunciado. Salvador cuestiona que la petición se formule cuando el plazo está a punto de agotarse y sostiene que, si existía alguna duda sobre protección de datos, debía haberse planteado al inicio del procedimiento y no a pocos días de la entrega.
La parlamentaria del PSPV defiende que la información requerida es imprescindible para que los grupos puedan ejercer su función de control en la comisión. Según explica, la documentación remitida a los diputados se canaliza a través de un buzón restringido al que solo tienen acceso los miembros de la Cámara, con obligación de hacer un uso diligente de la información. Además, recuerda que el reglamento de las Cortes prevé mecanismos para consultar información especialmente sensible sin necesidad de recibir una copia, aunque considera que este no es el caso.
“No está justificado y a tres días de entregar la documentación no se puede consentir esta artimaña de la protección de datos”, ha insistido Salvador, que acusa al Gobierno valenciano de “dificultar el trabajo sin justificación”. A su juicio, el movimiento de la conselleria amenaza con retrasar la entrega de unos expedientes que deberían estar a disposición antes de las sesiones previstas en julio.
La comisión autonómica de Les Naus celebró este jueves su primera jornada de comparecencias, cinco meses después de constituirse. La sesión arrancó con los antiguos miembros del tripartito Miguel Ángel Pavón, Natxo Bellido y Sofía Morales y tuvo su principal sacudida política por la tarde, con la declaración del exconcejal de Hacienda y Patrimonio Toni Gallego. El exedil reconoció que Rocío Gómez le comunicó en julio de 2024 que tenía una vivienda en Les Naus y admitió que “se puede intuir”, aunque no asegurar, que el alcalde, Luis Barcala, conocía el motivo por el que él respondió en un pleno a una pregunta sobre la promoción en lugar de la entonces concejala de Urbanismo.
El caso investiga la promoción de viviendas protegidas de Les Naus, en la que resultaron adjudicatarias personas vinculadas a cargos del PP y al Ayuntamiento de Alicante. Las próximas sesiones de comparecencias están previstas para julio, de ahí que la oposición considere clave disponer cuanto antes de la documentación solicitada.
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