En España, por cada pensionista que vive de los ingresos que recibe de la Seguridad Social vuelve a haber 2,5 trabajadores que llevan dinero a la caja. Desde la crisis desatada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, en 2008, que el sistema público español no vivía instalado sobre esa simbólica cota y la recupera justo a las puertas del gran reto demográfico de la primera mitad del siglo XXI: la jubilación de la generación del ‘baby boom‘.
«Nos sitúa en niveles extrordinarios. Estamos en muy buenas condiciones de afrontar ese reto mayúsculo que va a suponer para nuestro sistema», ha valorado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez. Si España vuelve a tener 2,5 cotizantes por pensionista es gracias, en gran parte, a la intensa llegada durante el último lustro de personas nacidas fuera de España y que han pasado a engrosar las filas de la Seguridad Social.
Justo en el ecuador del 2026 y finalizada la primera parte de la regularización extraordinaria de migrantes, los expertos consultados coinciden en aplaudir los efectos positivos que tendrá la misma sobre el estado de bienestar español, si bien también advierten de que esa contribución será imprescindible, pero no suficiente, para erradicar toda duda de la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones.
«Es una buena noticia, pero no es suficiente para asegurar la sostenibilidad. Hay que ponerlo en perspectiva de lo que puede ocurrir más adelante cuando esas mismas personas extranjeras accedan a la jubilación. Pero durante un tiempo aporta un respiro», afirma el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres.
La población migrante que está llegando recienemente a España es, mayoritariamente, joven. Especialmente aquella que se ha acogido a la reciente regularización extraordinaria. Según los primeros datos divulgados por el Gobierno, la mitad de los 1,1 millones de solicitantes tienen menos de 35 años y el 81% menos de 45 años. Pero, más tarde o más temprano, estos y el resto de migrantes que se han incorporado al mercado laboral recientemente llegarán a la edad de jubilación.
España está viviendo un ciclo económico de crecimiento, es una de los estados de la UE que más se expande y ello ha contribuido a que más de 1,2 millones de foráneos se hayan incorporado al mercado laboral con empleo. No obstante, «los flujos migratorios son muy reactivos al estado de la economía, cuando la cosa va bien, la gente viene, pero cuando se entra en crisis el volumen de llegadas se corta o incluso puede salir más gente de la que llega», adiverte el catedrático economía de la UPF y director de la Barcelona School of Economics, Joan Monràs. Es decir, esa llegada continua que compense la jubilación de los ‘baby boom’, que sí o sí cumplirán años, no está asegurada.
Otro factor que puede, a corto plazo, incidir en el flujo de llegadas es la política, según señala Monràs. «Si hay cambios en las medidas regulatorias, puede disminuir las llegadas», apunta, en referencia a las elecciones generales previstas para el año que viene y una potencial victoria de fuerzas con un programa antimigratorio.
Pendientes de reformas
El flujo de nueva gente jóven que sostenga el sistema de pensiones no está asegurado. Y, según apunta el director de coyuntura de Funcas, tampoco sería suficiente por si solo. «A largo plazo, la sostenibilidad del sistema va a depender de otros factores, como reformas, mejoras de la productividad o de nuestra capacidad de reconocer las competencias de la migración y elevar su contribución a las arcas públicas», añade el director de coyuntura de Funcas.
En ese último aspecto, el mercado laboral español tiene un amplio margen de mejora. La sobrecualificación -por ejemplo, tener a un médico sirviendo cafés porque no le han homologado el título- afecta al 55% de los ocupados en España pero nacidos fuera de la UE, frente al 33% de los nacidos en el país. En este sentido, España, detrás de Grecia e Italia, es el tecer país con mayor tasa de sobrecualificación entre la población migrante.
Otras voces, como el investigador de Fedea Miguel Ángel García, alertan que ni con esas mejoras sería suficiente para, con las reglas actuales, compensar el mayor gasto que implicará el retiro del ‘baby boom’. «Desde el año 2018, la afiliación a la Seguridad Social ha aumenta un 13% y, aún con todo, el déficit contributivo del sistema de pensiones ha seguido aumentando», afirma.
Ahora mismo se necesitan cada año 61.700 millones de euros entre transferencias y préstamos para compensar la diferencia entre lo que ingresa la Seguridad Social vía cotizaciones y el dinero que gasta en pagar prestaciones y subsidios. «Para cubrir ese déficit necesitariamos, ahora mismo, siete millones de cotizantes más o mejorar la cotización por trabajador un 32%. Ambas cosas son impensables», añade. Una brecha, según explica, equivalente al 3,7% del PIB y que seguirá aumentando a futuro hasta una media de alrededor del 5% del PIB.
El Gobierno sostiene que, por el momento, no son necesarias reformas de calado y Bruselas ha validado los últimos cambios sobre el sistema de pensiones. La Airef, organismo independiente encargado de supervisar el gasto público, ha validado, de manera crítica, la sostenibilidad presente del modelo. No obstante, considera que ajustes futuros serán inevitables.
Los distintos estados de la UE están viendo cómo apuntalar la sostenibilidad de sus propios sistemas. Por ejemplo, esta semana, en Alemania el canciller conservador Friedrich Merz ha anunciado una reforma de la jubilación que aplica un retraso progresvio de la edad de jubilación y condiciona, parcialmente, la cuantía de la futura pensión a la esperanza de vida. Este fue un mecanismo similar al que el Gobierno de Mariano Rajoy ideó para disminuir el gasto en pensiones. Se llamó factor de sostenibilidad -Miguel Ángel García, de Fedea, fue uno de sus diseñadores- si bien, por impopular, el propio PP fue postergando su aplicación y luego el PSOE la derogó.
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