Irlanda ha estrenado este miércoles la presidencia semestral de la Unión Europea marcada por una obsesión: la competitividad. Los dirigentes comunitarios han convertido el gran objetivo de la legislatura en una necesidad crucial ante la vertiginosa velocidad a la que China y EEUU están dominando el nuevo orden mundial sin reglas. Y en los próximos seis meses, se proponen impulsar acuerdos clave para el desarrollo de infraestructuras estratégicas, energías limpias y transición energética y digital. Varias de estas reformas se presentarán este mismo mes de julio y la mayoría de ellas llevan el objetivo de tenerlas aprobadas a finales de año. Como es habitual, los anhelos pueden chocar con la realidad de una UE con 27 voces donde el consenso es una misión imposible.
Durante la presidencia de Chipre, la Comisión, el Consejo y el Parlamento acordaron un calendario detallado para cerrar todas las piezas pendientes de legislación económica, que bautizaron como ‘Una Europa, un Mercado’. Entre esos ambiciosos objetivos para finales de 2026 que ahora hereda Irlanda figuran carpetas tan complejas como la Unión de Ahorro e Inversión, la ley de ciberseguridad, el euro digital y la ley de aceleración industrial. Esta última es especialmente polémica porque pretende imponer condiciones más estrictas a las empresas extranjeras que buscan acceder a la contratación pública y la inversión en la UE, el llamado ‘Made in Europe‘. China ya ha amenazado con represalias si prospera una normativa que le cierre puertas en el mercado europeo.
Para que se cumpla el plazo, los Veintisiete tendrían que ponerse de acuerdo en el Consejo de la UE, como muy tarde, en octubre, para que luego el Parlamento tuviese un margen de dos meses para negociar enmiendas. La discusión ahora está en qué criterios se exigirán a las empresas extranjeras para invertir en el mercado europeo y si estos serán obligatorios o flexibles para evitar que perjudiquen a otros socios comerciales de la Unión. Según fuentes del Consejo, una de las medidas que está sobre la mesa es condicionar las inversiones a que se hagan en sectores estratégicos europeos. También se baraja fijar un porcentaje mínimo obligatorio de producción por parte de empresas y pymes europeas en el caso de proyectos industriales prioritarios.
A la espera del desenlace de esa negociación, la industria europea tiene fijada en el calendario la fecha del 15 de julio. Ese día, la Comisión Europea tiene previsto presentar dos paquetes de reformas de calado. Por un lado, la revisión del régimen de comercio para alinear las emisiones de carbono con el objetivo climático de la UE de reducir un 90% las emisiones para 2040. Los Veintisiete han plasmado su división en este asunto en función de la mayor o menor dependencia de cada estado de los combustibles fósiles. España, Portugal y los países nórdicos presionan para que no se relajen la normativa, pero Italia y Alemania reclaman que se suspendan derechos gratuitos de emisión para varias industrias, como la eléctrica.
Con el mismo objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia la descarbonización, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzará el 15 de julio un paquete energético con el plan de electrificación y los peajes de red como grandes apuestas. La iniciativa busca elevar el peso de la electricidad en el consumo energético europeo del 23% actual al 32% en 2030, acelerando la electrificación del transporte, la industria y los edificios mediante un mayor despliegue de renovables e inversiones en redes eléctricas y flexibilidad del sistema.
Y también la agenda del 15 de julio aparece la que Bruselas quiere que sea la gran reforma bancaria para reducir la dependencia financiera europea del exterior. En este caso, será un informe de propuestas que servirá de base para discutir un plan mucho más amplio a lo largo de 2027. Habrá medidas para facilitar las operaciones bancarias transfronterizas, el movimiento de capital y liquidez entre estados miembros y la gestión de las quiebras bancarias. El ‘informe Draghi‘ sobre competitividad europea calculó que la UE necesita 800.000 millones de euros adicionales al año para afrontar las crecientes necesidades de inversión, pero algunos estudios elevan esa cantidad hasta los 1,4 billones.
Sobre todas estas prioridades sobrevuela otra transversal a todas ellas: la reducción de la burocracia normativa para eliminar barreras regulatorias y, así, facilitar la expansión de las empresas dentro del bloque y avanzar en la creación de una auténtica unión de ahorro e inversión. Una integración real que incluiría también los procesos de contratación pública. Según fuentes conocedoras, Bruselas está desarrollando una plataforma que integrará toda la contratación pública de la UE y de sus estados, armonizando criterios y requisitos para allanar la participación de las empresas. En este caso, la idea es presentar esta reforma en septiembre.
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