«No basta con conjeturas, se condena con pruebas ciertas». Es lo que ha defendido la fiscal Begoña García Boró durante su alegato en el juicio que se sigue en la Audiencia Badajoz por el presunto enchufe de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la diputación pacense, por el que están investigados, además de ellos dos, el expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 cargos y funcionarios más por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
En contra de lo que han sostenido en sus informes finales las acusaciones populares, que consideran acreditado que todo el procedimiento fue un «traje a medida» para el hermano del presidente del Gobierno por ser quien era, el ministerio público mantiene que no hubo ilegalidades ni en la creación ni adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios a David Sánchez, ni en su cambio de nomenclatura a jefe de la Oficina de Artes Escénicas ni tampoco en la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero como jefe de sección de Coordinación de Centros Culturales y Actividades Transfronterizas del área de Cultura, la misma a la que estaba adscrito el puesto del músico.
García Boró ha asegurado que de todo el procedimiento, solo el decreto de nombramiento firmado por Gallardo -que también tiene la firma del secretario de la diputación, ha precisado- tiene un elemento de carácter decisorio y efectos frente a terceros, pero «no es una resolución arbitraria», ha afirmado. El resto, según ha dicho, son meros actos de trámite que no pueden ser considerados como una acción prevaricadora.
