Más de 1.200 millones de euros pendientes de un cobro improbable. Esa es la cantidad que acumulan los cabildos y ayuntamientos de Canarias en concepto de ‘saldos de dudoso cobro’, una partida que registra los ingresos reconocidos por las Administraciones cuya recuperación efectiva resulta cuando menos incierta. La deuda se contabiliza pero no se ha cobrado –y difícilmente se cobrará–. Según los datos del Ministerio de Hacienda, las entidades locales del Archipiélago sumaron en 2024 –último año del que existen datos– 1.202,4 millones de euros en cantidades ‘de dudoso cobro’. De ellos, 614,7 millones corresponden a los ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife; otros 473,6 millones, a los municipios de la provincia de Las Palmas; y 114,2 millones, a los cabildos insulares.
Se trata de dinero que se les debe a las Administraciones pero sobre el que existen serias dudas de cobro. En este apartado pueden encontrarse tributos impagados, multas, sanciones, tasas u otros derechos económicos pendientes de ingreso cuya recuperación se ha complicado por el paso del tiempo o por distintas circunstancias administrativas, económicas o judiciales.
Una quinta parte
La magnitud de la cifra queda más clara cuando se compara con los presupuestos que gestionan las propias corporaciones locales. Los 1.202,4 millones equivalen a cerca del 20,5% del presupuesto conjunto de cabildos y ayuntamientos canarios para 2025, que asciende a 5.875,7 millones de euros. Dicho de otra forma, el volumen acumulado en saldos de dudoso cobro equivale a más de una quinta parte de todos los recursos que las entidades locales prevén gestionar este año.
Basta compararlo con algunas de las principales instituciones canarias para hacerse una idea del volumen. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró en 2025 el mayor presupuesto de su historia, con alrededor de 718 millones de euros. El importe acumulado en saldos de dudoso cobro por las entidades locales canarias supera ampliamente esa cifra.
También rebasa el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, que asciende a 1.055 millones de euros. Solo el Cabildo de Tenerife, con unas cuentas superiores a los 1.278 millones, maneja un presupuesto mayor que el volumen total de estos ingresos de difícil recuperación.
Aunque los saldos de dudoso cobro forman parte de la información financiera de las administraciones, no computan como recursos realmente disponibles. Se descuentan del cálculo del remanente de tesorería al entender que es poco probable su cobro efectivo en el futuro. La cuestión cobra especial relevancia en un momento en que el Gobierno central ha planteado flexibilizar el uso de los remanentes municipales para impulsar políticas de vivienda. Los saldos de dudoso cobro quedan fuera de esa capacidad financiera precisamente porque no se consideran dinero disponible.
Tendencia ascendente
Los datos de Hacienda muestran además una tendencia ascendente durante las últimas dos décadas. En 2007, los saldos de dudoso cobro de ayuntamientos y cabildos canarios ascendían a 444,2 millones de euros. Los municipios de la provincia de Las Palmas concentraban 156,6 millones; los de Santa Cruz de Tenerife, 221,2 millones; y los cabildos 66,4 millones.
Siete años después, en 2014, el importe conjunto había aumentado hasta 842,3 millones de euros. De ellos, 381,8 millones correspondían a los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, otros 387,5 millones, a los de Santa Cruz de Tenerife, y 73, a los cabildos.
La última cifra disponible, 1.202,4 millones de euros, supone un incremento de más de 758 millones respecto a 2007 y de unos 360 millones en comparación con 2014. No obstante, la evolución debe interpretarse teniendo en cuenta que los saldos de dudoso cobro no funcionan como una simple acumulación permanente de deuda pendiente. Con el paso de los años, determinadas partidas terminan regularizándose, cobrando o siendo dadas de baja de los registros. Aun así, la tendencia refleja que las nuevas incorporaciones a esta bolsa de ingresos de difícil recuperación han superado a las salidas.
También influye en los datos el tamaño de las Administraciones locales. Estas han crecido de forma significativa durante los últimos años. Los presupuestos actuales son mayores que los de hace dos décadas y también los impuestos, tasas y sanciones. En consecuencia, también crece el volumen potencial de ingresos pendientes de cobro.
Existe, además, una clara diferencia entre administraciones. Mientras los ayuntamientos acumulan más de 1.088 millones de euros de dudoso cobro, los cabildos apenas superan los 114 millones. Parte de esta diferencia puede deberse a que los ayuntamientos soportan una mayor actividad recaudatoria que los cabildos. Los municipios gestionan tributos, multas y tasas vinculados directamente a ciudadanos y empresas, lo que multiplica el número de expedientes y también el riesgo de impagos.
Los datos de Hacienda no permiten determinar hasta qué punto estas cifras responden a problemas de gestión recaudatoria, a dificultades económicas de los contribuyentes o simplemente al funcionamiento habitual de la Administración. Lo que sí reflejan es la existencia de una importante bolsa de recursos con la que no se puede contar.
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