Las grandes eléctricas han emprendido una batalla legal para tumbar el plan nuclear del Gobierno con varios frentes abiertos, y de momento van acumulando victorias parciales en las fases previas del proceso judicial. Las compañías energéticas y Foro Nuclear (la patronal de las dueñas de centrales nucleares que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, contra la subida del 30% de la tasa que pagan las centrales para costear su propio desmantelamiento y la gestión de los deshechos radiactivos, y contra el carpetazo al proyecto de tener un solo almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).
Para armar su estrategia jurídica, las grandes eléctricas y su patronal han venido reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica y a la sociedad pública Enresa (encargada de la gestión de los residuos radiactivos) que les faciliten información sensible sobre los costes milmillonarios del cierre de las centrales nucleares y sobre los cálculos económicos que se han utilizado para subir la tasa que pagan las plantas.
El Gobierno no está consiguiendo evitar el acceso de las compañías a parte de esa información confidencial, pese a intentarlo mediante la presentación de recursos y también mediante lo que las energéticas entienden como dilaciones. El Tribunal Supremo acumula varios autos en los últimos meses dando la razón a las eléctricas y forzando al Ejecutivo a enviarles datos adicionales
El Alto Tribunal acaba de emitir una nueva decisión en la que estima un recurso de Endesa, y en la que obliga al grupo estatal Enresa a facilitar a la eléctrica una avalancha de información sensible y muy detallada sobre la elaboración del Plan General de Residuos Radiactivos, y también sobre los costes económicos del cierre de todas las plantas y de cómo se ha decidido su reparto entre las compañías eléctricas.
Enresa, orgánicamente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, tendrá que dar acceso a información detallada sobre el sobrecoste de 2.125 millones de euros que supondrá la decisión del Gobierno de renunciar a tener un solo almacén nuclear central y decidir tener siete instalaciones, una en cada central, y cómo se reparte entre las plantas año a año.
La sociedad pública tendrá que dar explicaciones minuciosas sobre las inversiones que realiza con el dinero recaudado de las centrales a la espera de utilizarlo en su desmantelamiento y sobre la rentabilidad esperada. Y también deberá facilitar documentos relativos a todas las versiones y borradores que manejaron durante dos años Enresa y el Gobierno d PGRR, con sus diferentes cálculos y sus distintas opciones de actuación, hasta su aprobación definitiva en diciembre de 2023.
Contra el plan nuclear y contra la subida de la tasa
Las compañías energéticas intentan con esta batalla legal tumbar el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, la hoja de ruta gubernamental que ahora contempla la construcción de siete almacenes nucleares en toda España (uno en cada central) para guardar los desechos durante décadas, con el objetivo de evitar el sobrecoste milmillonario que representa en relación al plan previo de levantar un único silo centralizado.
Los costes previstos llevaron al Gobierno a subir un 30% la tasa que pagan las centrales para financiar la gestión de sus residuos y su propio desmantelamiento, hasta cerca de 600 millones al año en función de la electricidad producida. Las proyecciones de costes y la necesidad de elevar la tasa también se basan están calculadas en base al calendario previsto de cierre de todas las centrales, con clausuras escalonadas entre 2027 y 2035,
Las eléctricas han empezado a movilizarse y reclaman revisar ese calendario, retrasando los cierres de manera generalizada. E Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han pedido formalmente ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, frente a la clausura programada en 2027 y 2028 de sus dos reactores.
En meses anteriores, el Tribunal Supremo ya había estimado total o parcialmente recursos y quejas presentadas por las propias compañías eléctricas y por Foro Nuclear. En uno de esos autos, del año pasado, el Alto Tribunal daba la razón a la patronal de Endesa, Iberdrola y Naturgy y estimaba su reclamación de recibir información detallada sobre la justificación de algunas partidas millonarias recogidas en el PGRR aprobada por el Gobierno, al tiempo que rechazaba el intento de la Abogacía del Estado de impedir el acceso de las compañías eléctricas al informe económico financiero que ha utilizado el Ejecutivo para calcular todos los costes recogidos en su plan de residuos radiactivos o a los programas operativos anuales y de largo plazo de Enresa correspondientes a cada uno de los ejercicios desde 2010.
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