La directora general de la empresa Messer Ibérica, Karl Andrea Hauck, ha justificado ante el juez de Tarragona Rubén Rus los pagos realizados por la compañía que dirige a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Hauck es la primera imputada que declara en esta causa, abierta, entre otros delitos, por tráfico de influencias. El pasado 12 de mayo, otros investigados se acogieron a su derecho a no declarar y este viernes ha hecho lo mismo Rubén Folgado Girón, director técnico de Messer Ibérica desde febrero de 2003.
Tanto Karl Andrea Hauck como Rubén Folgado han sido señalados por los investigadores como los autores de una cadena de correos electrónicos que les implican en la trama. En el caso de Folgado, este llega a reconocer que, para obtener un beneficio en un impuesto, “la vía más directa, como siempre, es pagar al Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”. El objetivo que tenían, según el juez Rus, era lograr una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el impuesto especial sobre la electricidad. Folgado es ahora director general de Messer Ibérica, cargo para el que fue nombrado el 11 de junio de 2025.
En un correo electrónico interceptado por los cuerpos policiales, fechado el 5 de diciembre de 2012 a la 1.30 horas, Karl Andrea Hauck, entonces director general de Messer Ibérica, remite un mensaje al que era su director técnico, Rubén Folgado —ahora director general de la firma—, ambos imputados por el juez. En el correo, bajo el epígrafe “oferta de Equipo Económico”, se lee: “Es el tema del impuesto y está consensuado con AFGIM —Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales— para todas las gasistas españolas”, concreta el email. Después precisa que, si es “el tema de AFGIM”, la respuesta es positiva, pero que, “en caso contrario”, hay que “consensuar” con Montoro.
La «hoja de ruta»
Karl Andrea Hauck solo ha respondido este viernes a las preguntas de su abogado, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. De entrada, ha negado que la empresa de la que es directora general pagara a ningún funcionario público para comprar favores o influir en políticos, y se ha referido al estricto código ético de la compañía. Sí ha justificado la contratación del despacho fundado por Montoro porque, según ha sostenido, no se les tenía en cuenta en las modificaciones legislativas sobre el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y el impuesto sobre actividades económicas (IAE). Además, ha defendido que los pagos realizados fueron totalmente legales. Ha relatado, que Equipo Económico les hizo «una hoja de ruta» sobre las alegaciones a presentar.
Hasta el momento, la investigación judicial ha desvelado que las personas que encabezan Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables», algo que habría conseguido, según Anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. La Agencia Tributaria cuantificó el total percibido entre 2008 y 2019 por cada uno de los socios de Equipo Económico procedentes del propio despacho, «directamente o a través de su entramado societario». Así, Hacienda relata que Ricardo Martínez Rico recibió un total de 11.053.029 euros; Manuel de Vicente-Tutor 5.852.747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5.749.754 euros; y Salvador Mariano Ruiz Gallo 6.117.326 euros.
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