El magistrado Fernando Portillo ha analizado en el programa ‘El Cascabel‘ de TRECE, presentado por José Luis Pérez, el auto del juez Santiago Pedraz sobre la presunta trama de corrupción en el Partido Socialista. Para Portillo, se trata de una «resolución muy seria» porque se basa en «datos objetivos que no son meras elucubraciones» y que obedecen a una investigación que lleva meses en curso. El magistrado ha subrayado la profesionalidad del juez Pedraz, afirmando que si se realizan «afirmaciones tan graves y tan contundentes» es porque hay una «investigación policial seria detrás que la avala«, por lo que considera que el caso «no ha hecho más que empezar» y su instrucción será lenta.
Nueve delitos sobre la mesa
Aunque la instrucción se encuentra en una fase muy inicial, el auto del juez Pedraz señala hasta nueve posibles delitos. Según ha explicado el magistrado Portillo, el propio juez advierte de que es una «calificación meramente provisional» a la espera de la evolución de la investigación. Los delitos enumerados son organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE
Portillo ha aclarado que el auto no menciona expresamente el delito de financiación ilegal, pero no lo descarta. Ha especulado que, para torpedear casos judiciales, es «probable o posible» que se haya recurrido a una «vía de financiación que no quede constancia para evitar la trazabilidad de ese dinero«. Además, ha recordado que la gerente del Partido Socialista, responsable de los pagos, está «directamente señalada en el auto«, por lo que habrá que esperar para ver cómo avanza la causa.
La sombra del presidente y el ‘caso Carmen Pano’
El auto también incluye una sutil referencia a que el presidente del gobierno pudiera tener conocimiento de la operación. Portillo ha explicado que, si surgieran indicios que apuntasen al «conocimiento y por tanto consentimiento» del presidente, el juez Pedraz debería derivar la causa al Tribunal Supremo. No obstante, ha insistido en que la investigación es muy inicial y que es necesario examinar la «profusa documental» recogida durante las más de 12 horas de registro en la sede del PSOE.
En la conversación también ha surgido el caso de la empresaria Carmen Pano, quien declaró en otra causa haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede socialista. Según se ha conocido, el PSOE le habría ofrecido 50.000 euros o el pago de un alquiler durante cinco años a cambio de su silencio. Para Portillo, este hecho «refuerza la verosimilitud» de la declaración de la empresaria y es «bastante probable» que se pidan testimonios de esa causa para incorporarlos a la actual, ya que «sí que efectivamente guarda relación» y la causa lleva secreta desde diciembre.
¿Requerimiento o registro?
Finalmente, Fernando Portillo ha matizado la diferencia entre un «requerimiento» y un «registro«, después de que el presidente del Gobierno intentara quitarle importancia a la operación. Ha explicado que un requerimiento al uso se hace por escrito desde el juzgado, pero en este caso, se ordenó a la UCO de la Guardia Civil personarse en la sede y «entrar, con consentimiento o sin consentimiento«, con la potestad de registrar si la colaboración no era la adecuada. «El auto está tan tan fundamentado porque tiene que justificar precisamente esa invasión a los derechos fundamentales«, ha concluido, lo que demuestra la magnitud de la medida acordada por el juez.
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