La lucha climática sigue abriéndose paso en los tribunales. En julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pronunció sobre el llamado «juicio climático del siglo» y, por primera vez en la historia, emitió una sentencia histórica en la que se afirmaba que los estados están «legalmente obligados» a cooperar para frenar la crisis climática. Diez meses después, la asamblea general de Naciones Unidas de Nueva York ha dado un paso más allá y, tras estudiar este texto, ha emitido otro veredicto aún más contundente. Tras un largo y tenso debate, un total de 141 países han apoyado la resolución histórica en la que se establece que los combustibles fósiles están en el centro del daño climático y que su explotación continuada supone «una violación del derecho internacional». El texto también establece que los países más contaminantes están legalmente obligados a emprender acciones climáticas para frenar sus emisiones y, sobre todo, a ayudar a aquellas zonas del planeta más afectadas por los estragos climáticos.
La resolución, publicada este miércoles, establece que las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan el sistema climático constituyen actos internacionalmente ilícitos si violan los deberes de prevención y diligencia debida. También afirma que los Estados tienen la obligación de actuar con la máxima ambición posible, de cooperar entre ellos y de tomar medidas conforme al mejor conocimiento científico disponible. Y que lejos de ser una tarea voluntaria, la lucha climática constituye «un deber claro hacia las generaciones futuras» y que debe, ante todo, «proteger su derecho a vivir en condiciones que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos». Se trata de la primera vez que la asamblea general de Naciones Unidas se posiciona de forma tan contundente sobre esta cuestión y que, además, utiliza un léxico tan contundente para apelar a la lucha climática.
Consecuencias jurídicas
Una de las claves del texto, que ha contado con 28 abstenciones y 8 votos en contra, es la posibilidad de perseguir penalmente a los países que se niegan a hacer frente al cambio climático. En la resolución, de hecho, se abre la puerta al despliegue de «consecuencias jurídicas» como, por ejemplo, la posibilidad de que los países más contaminantes y pudientes tengan que indemnizar a los países que menos han emitido pero que, a su vez, están sufriendo las consecuencias más devastadoras del cambio climático. No en vano, este proceso judicial ha sido impulsado por Vanuatu, una pequeña isla del Pacífico en riesgo de desaparición por la subida del nivel del mar y el aumento de los desastres naturales. Ahora, regiones como la suya podrían reclamar indemnizaciones a los grandes emisores del globo por todas las «pérdidas y daños» causados por los desastres ambientales en sus tierras.
El texto no es por ahora legalmente vinculante pero, según afirman varios expertos, abre las puertas a que asociaciones individuales inicien demandas legales contra gobiernos y empresas para acelerar la acción climática. Así ocurrió cuando el grupo de ‘abuelas por el clima’ denunció a Suiza por no proteger su salud ante las olas de calor cada vez más acuciantes que afectaban a su salud y que acabó derivando en una sentencia histórica del Tribunal Europeo de derechos humanos de Estrasburgo que, por primera vez, reclamó a un estado acelerar el despliegue de medidas climáticas en sus fronteras. En España hay causas similares abiertas que, por el momento, aún no han sido resueltas por los tribunales pero que, quizás, tras la publicación de esta resolución encuentren un sustento más sólido para prosperar.
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