Shakira ha logrado una nueva victoria judicial frente a la Agencia Tributaria española, pero su prolongado pulso con Hacienda todavía no ha terminado. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la cantante colombiana y ha anulado las liquidaciones tributarias y sanciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2011 al considerar que no ha quedado acreditado que la artista tuviera su residencia fiscal en España durante ese año. La decisión abre la puerta a que se le devuelvan las cantidades abonadas, una cifra que, sumando intereses, se ha situado en torno a los 60 millones de euros.
La batalla entre Shakira y Hacienda se ha convertido en uno de los procedimientos fiscales más mediáticos de los últimos años y ha mantenido a la artista inmersa en una disputa judicial durante más de ocho años.
Residencia fiscal: el origen del conflicto
El principal punto de enfrentamiento entre Shakira y la Agencia Tributaria ha sido determinar dónde debía considerarse su residencia fiscal. La legislación española establece que una persona debe tributar en España cuando permanece en el país más de 183 días al año o cuando aquí se sitúa el núcleo principal de sus intereses económicos y personales.
Hacienda ha sostenido que la cantante ya mantenía una vinculación suficiente con España en 2011 debido a su relación con Gerard Piqué y a parte de su actividad personal y profesional. Sin embargo, la defensa de la artista ha argumentado que llevaba una vida itinerante por motivos laborales y que pasaba gran parte del tiempo fuera del país.
La Audiencia Nacional ha terminado dando la razón a la cantante al considerar que no ha quedado acreditada su residencia fiscal en España durante ese ejercicio. Según la resolución judicial, Hacienda solo ha podido justificar una permanencia de 163 días en España entre jornadas plenamente acreditadas y otras consideradas «presuntas». La sentencia ha considerado además que el hecho de que mantuviera una relación sentimental con Gerard Piqué en aquel momento no constituye por sí solo un elemento suficiente para determinar una residencia fiscal estable.
Una victoria que solo afecta a 2011
La resolución judicial tiene un alcance limitado. La sentencia se refiere únicamente al ejercicio fiscal de 2011 y deja fuera cualquier valoración sobre años posteriores. El tribunal ha recalcado que las circunstancias fiscales de ejercicios posteriores no forman parte de este procedimiento, por lo que la decisión no modifica otros procesos judiciales que han afectado a la artista.
Precisamente, una de las partes más relevantes de la batalla judicial llegó por los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2014. La Fiscalía acusó a la cantante de seis delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de 14.562.968 euros. Concretamente, las cantidades investigadas correspondían al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por valor de 12.371.197 euros según los cálculos de la Agencia Tributaria, y al Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que ascendía a 2.191.771 euros.
Según el Ministerio Público, la artista habría utilizado una estructura societaria formada por 15 empresas radicadas en distintos territorios como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. De acuerdo con la acusación, estas sociedades figuraban como titulares de rentas y patrimonio que en realidad correspondían a la cantante, un mecanismo que presuntamente habría servido para ocultar ingresos tanto a la Agencia Tributaria estatal como a la Agencia Tributaria de Catalunya.
Sin embargo, este procedimiento siguió una vía distinta al litigio sobre 2011. En esa causa, Shakira terminó aceptando un acuerdo y reconociendo delitos fiscales para evitar la celebración del juicio oral.
Más de 60 millones en juego
La decisión judicial obliga a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas por la cantante junto a los intereses generados. La cifra difundida supera los 60 millones de euros entre sanciones, liquidaciones y los intereses acumulados durante estos años.
Aunque inicialmente trascendió que Shakira podría recuperar más de 55 millones de euros —una cifra que con intereses superaría los 60 millones—, los técnicos del Ministerio de Hacienda han rebajado considerablemente esa estimación tras analizar la sentencia de la Audiencia Nacional.
El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha calculado que la cantante recibiría finalmente unos 27,4 millones de euros, a los que habría que sumar otros 6,8 millones en intereses legales. La cifra se sitúa muy por debajo de las cantidades que habían circulado en un primer momento sobre el impacto económico de la resolución.
Los técnicos también han subrayado que la Audiencia Nacional no aprecia mala fe por parte de la Agencia Tributaria durante la investigación, por lo que consideran que la actuación de Hacienda y de la Agencia Tributaria de Cataluña se produjo dentro de los procedimientos legales habituales.
La sentencia no es firme
Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. Este es probablemente uno de los aspectos más importantes. El fallo de la Audiencia Nacional no supone el final definitivo del procedimiento.
La Agencia Tributaria ya ha mostrado su desacuerdo con la resolución y ha avanzado que instará a la Abogacía del Estado a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, la sentencia se refiere únicamente al ejercicio de 2011 y no modifica en ningún aspecto las causas posteriores que afectaron a la cantante.
Ocho años de enfrentamiento
El conflicto entre ambas partes se prolonga desde hace más de ocho años y se ha convertido en uno de los procesos tributarios con mayor repercusión pública.
Durante todo este tiempo, Shakira ha defendido que fue sometida a una actuación desproporcionada y ha insistido en que nunca existió fraude en relación con el ejercicio de 2011. Desde Hacienda, por su parte, sostienen que actuaron siguiendo los criterios habituales utilizados en este tipo de investigaciones. Por ahora, la cantante gana una importante batalla frente a la Administración tributaria, pero el desenlace definitivo todavía tendrá que esperar.
