«La tragedia de Huelva ha sido la gota que ha colmado el vaso». Las dos principales entidades representativas de los más de 90.000 agentes de la Guardia Civil han alzado la voz ante la situación y las consecuencias vividas esta semana.
Con esa frase, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, interpreta los pitidos que este miércoles cortaron el discurso de Fernando Grande‑Marlaska en una jura de bandera de Baeza, en la provincia de Jaén.
El ministro fue interrumpido justo cuando decía estar «dolido y rabioso» por la muerte de dos agentes fallecidos mientras perseguían a una narcolancha en aguas próximas a la costa onubense el pasado viernes.
También JUCIL, la segunda entidad con mayor representación en el Consejo del Instituto Armado, considera que la pitada no debe interpretarse como un hecho aislado, «sino como la consecuencia directa del creciente malestar existente entre miles de guardias civiles y policías nacionales».
«Cuando durante años se incumplen compromisos adquiridos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se bloquea el reconocimiento como profesión de riesgo, se mantiene pendiente una equiparación salarial real y completa y se sigue negando una jubilación digna, la desconexión entre la política y la realidad de los agentes termina siendo inevitable», señalan a EL ESPAÑOL.
«Los guardias civiles llevan demasiado tiempo escuchando promesas que nunca se materializan».
«Las pitadas pasan. El malestar permanece mientras no se solucionen los problemas reales», prosiguen.
«Comprendo y entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo», dijo el ministro durante el acto de este miércoles.
Marlaska, abucheado en Jaén en una jura de bandera de guardias civiles
En ese momento, el patio se llenó de silbidos. Fueron hasta ocho segundos, que llevaron a la organización a llamar por megafonía a «guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación».
Esos abucheos, apostillan desde la AUGC en conversación con este periódico, no son «una falta de respeto», sino que «nacen del dolor, de la frustración y de años de abandono hacia los guardias civiles y sus familias por parte del Ministerio del Interior»
Porque «cuando se minimiza la muerte de compañeros hablando de ‘accidente laboral’ y quienes se juegan la vida perciben que sus advertencias son ignoradas, el malestar termina aflorando públicamente».
Desde JUCIL defienden también el respeto institucional, pero recuerdan que éste «debe ser mutuo.
«Y hoy existe una sensación generalizada entre los agentes de abandono, cansancio y falta de reconocimiento. La sociedad española valora y respeta a su Guardia Civil. Lo que falta es que la clase política esté a la altura».
El sábado se celebró el funeral en Huelva por los agentes fallecidos. Ni Marlaska ni Pedro Sánchez acudieron.
Tampoco lo hizo ningún otro ministro del Gobierno, una ausencia que ha generado malestar tanto en la Guardia Civil como dentro del propio PSOE andaluz, tal informaba este miércoles EL ESPAÑOL.
La explicación oficial de que el ministro no acudiera fue la crisis sanitaria provocada por el hantavirus.
Marlaska mantuvo a esa misma hora una rueda de prensa sobre el buque aislado y, posteriormente, viajó a Tenerife para comparecer junto a Mónica García, Ángel Víctor Torres y el director de la OMS en el Puesto de Mando de Granadilla.
Asistieron la secretaria de Estado de Interior y la directora general de la Guardia Civil, y no se reparó en que esa representación era insuficiente. Y más en campaña electoral en Andalucía.
Sí acudió al funeral la candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, que fue recibida con abucheos.
«Accidente laboral»
Dos días después, la polémica de la tragedia de los guardias civiles aumentó cuando Montero definió en un debate electoral la muerte de los agentes como un «accidente laboral», una expresión que el PSOE terminó matizando después —pero sin desautorizarla— hablando de «muertes en acto de servicio».
La propia Montero trató de corregir el tiro en un mensaje en redes sociales, donde ya utilizó la fórmula «muerte en acto de servicio», pero sin llegar a pedir disculpas ni rectificar de forma explícita.
Y, lejos de asumir el error, la candidata socialista intentó repartir responsabilidades por usar el término «accidente laboral».
En una entrevista en la SER, Montero llegó a culpar de su tropiezo directamente a Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía.
«Yo no tengo criterio para calificar nada [como accidente laboral]. Como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maíllo, entiendo que alguien haya podido asociarlo», dijo.
Es decir, que, según ella, fue arrastrada a ese terreno por el dirigente andaluz de Izquierda Unida.
Para la AUGC, esa rectificación a medias no basta. «Que ahora se diga que las palabras fueron malinterpretadas no cambia el profundo malestar que han provocado entre los guardias civiles y sus familias», alegan.
«Los compañeros sienten que llevan demasiado tiempo alertando de la falta de medios, del riesgo creciente frente al narcotráfico y de la ausencia de respuestas reales», lamentan
Y, por si fuera poco, a todo ese malestar acumulado se sumó este miércoles otro motivo de indignación para el Instituto Armado.
El Congreso volvía a dejar en pausa la ley que busca reconocer que policías nacionales y guardias civiles tienen una profesión de riesgo.
Así lo decidió la Mesa, el órgano que organiza y controla los trámites de las leyes en la Cámara y donde la izquierda tiene mayoría.
Es la septuagésima primera vez que PSOE y Sumar suman sus votos para congelar una norma impulsada por el PP, y que el Senado aprobó hace casi dos años, en junio de 2024.
Ahora, la medida se paraliza de nuevo durante 15 días que, con toda probabilidad, será más tarde prorrogada para dilatar su tramitación.
La proposición de ley del PP lleva congelada en un cajón desde que finalizó el plazo ordinario de enmiendas el 3 de septiembre de 2024.
Desde entonces, la Mesa ha ido ampliando sucesivamente los plazos para evitar que la norma llegue a votación en la Comisión de Trabajo.
¿Qué significa ser profesión de riesgo? Ese reconocimiento implicaría cambios concretos en sus condiciones, como por ejemplo la posibilidad de anticipar la edad de jubilación o mayores compensaciones económicas.
El Gobierno teme perder la votación. Fuentes socialistas admiten que algún socio parlamentario podría apoyar la iniciativa, y que, en todo caso, el PSOE no puede permitirse votar en contra en la Cámara una norma como ésta, que levanta tantas sensibilidades.
