La sección sindical de ESK en la planta de Amurrio ha criticado la posición de las instituciones vascas ante el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Tubos Reunidos, al considerar que están “asumiendo el marco de la empresa” en lugar de cuestionar la medida y defender el empleo.
En un comunicado dirigido a la plantilla, el sindicato sostiene que la situación de la compañía no responde a una crisis estructural, sino a una combinación de problemas financieros, ajustes contables y decisiones empresariales acumuladas durante años. A su juicio, los datos económicos “desmontan el relato de crisis estructural” y evidencian una “complicidad institucional” con un modelo de gestión que califica de “parasitario”.
Según las cuentas auditadas de 2025, Tubos Reunidos registró unas pérdidas netas de 118,1 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de -22,8 millones. Sin embargo, ESK subraya que una parte relevante de esas pérdidas corresponde a deterioros contables —valorados en 40,8 millones— y a la carga financiera, cercana a los 28 millones. En este sentido, el sindicato defiende que el principal problema de la empresa radica en la deuda y en la gestión, y no en la actividad productiva ni en la plantilla.
El sindicato también recuerda que en 2020 ya se contabilizaron cerca de 100 millones de euros en deterioros, lo que, a su entender, demuestra que las pérdidas contables no reflejan necesariamente la situación industrial real de la compañía. Asimismo, señala que el Informe de Gobierno Corporativo recoge el pago de 2,9 millones de euros a la alta dirección en 2023, incluyendo retribuciones variables plurianuales.
retribuciones
Para ESK, estas retribuciones resultan “difícilmente compatibles” con las condiciones del rescate público recibido a través del FASEE, que limita este tipo de pagos mientras no se haya devuelto una parte significativa de las ayudas.
El sindicato denuncia que, mientras tanto, la plantilla ha asumido “años de sacrificios” mediante expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), congelaciones salariales y pérdida de derechos laborales. En este contexto, rechaza el nuevo ERE, que, según advierte, contempla cientos de despidos, el cierre de la acería y la externalización de la logística.
En cuanto al papel de las instituciones, ESK reprocha al Gobierno vasco centrar su discurso en “minimizar el impacto” y facilitar la reestructuración de la deuda y la entrada de inversores, lo que, en su opinión, supone aceptar de facto los planteamientos de la dirección de la empresa.
El sindicato sostiene que la deuda no ha sido generada por la plantilla, sino por decisiones de gestión y por los accionistas, entre los que cita a BBVA, la familia Ybarra y otros grandes inversores, a quienes atribuye capacidad suficiente para recapitalizar la compañía.
Por último, ESK exige la retirada del ERE, la defensa del empleo y de la actividad industrial, una mayor implicación institucional en favor de la plantilla y que los accionistas asuman su responsabilidad. “No sobra nadie. El problema no es la plantilla, sino el modelo de gestión y la estructura financiera”, concluye el comunicado.
