Con la apertura de un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, del que se beneficiarán cerca de medio millón de trabajadores extranjeros indocumentados, España está trazando su propio camino en materia de política migratoria, al tiempo que refuerza su dependencia de los migrantes para impulsar el crecimiento económico.
“Estamos fortaleciendo un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, afirmó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al anunciar las medidas, a finales de enero.
El Gobierno tiene previsto recibir las solicitudes para la regularización entre abril y junio, aunque las fechas y los detalles definitivos se darán a conocer este mes de febrero.
Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que los inmigrantes que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar que han vivido en España durante cinco meses (con fecha límite de entrada 31 de diciembre de 2025) podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo de un año. Las personas que solicitaron asilo antes de esa fecha también pueden optar a él. Los migrantes también podrán legalizar a sus hijos menores de edad, a los que se les concederá un permiso de residencia de cinco años.
La regularización masiva de 2005
Para comprender el potencial impacto económico de esta medida podemos fijarnos en la última regularización, en 2005, que legalizó a unos 600.000 trabajadores indocumentados. Nuestra investigación ha analizado una serie de indicadores: flujos migratorios, gastos en educación y salud, nóminas e impuestos sobre la renta, y el mercado laboral.
Los resultados son, en muchos sentidos, tan notables por lo que ocurrió como por lo que no ocurrió.
Los temores de que hubiese un aumento de los inmigrantes ilegales que entraban en España resultaron infundados. Sin embargo, los controles fronterizos se hicieron más estrictos y hubo una campaña contra el empleo informal que podría haber frenado el efecto llamada.
También analizamos las admisiones hospitalarias y la demanda de educación y, de nuevo, no observamos grandes cambios. En España, los inmigrantes indocumentados tienen acceso a la atención de urgencia, y son los españoles de más edad, y no los jóvenes inmigrantes, los que más demandan los servicios del sistema sanitario.
Acceso más fácil a mejores puestos de trabajo
A medida que los trabajadores entraban en el mercado laboral formal, las cotizaciones salariales aumentaron en unos 4.000 euros por inmigrante legalizado al año. En cuanto al impuesto sobre la renta, observamos muy pocos cambios: muchos inmigrantes ganan el salario mínimo y pagan pocos o ningún impuesto sobre la renta.
Se plantearon temores sobre la competencia por los puestos de trabajo entre inmigrantes y nativos. Sin embargo, el mercado formal absorbió a los nuevos trabajadores sin que ello tuviera repercusión alguna en el empleo o los salarios de los nativos. De hecho, el mercado laboral informal se redujo incluso para los trabajadores nativos, probablemente debido a la campaña del Gobierno contra este tipo de trabajo.
Quizás lo más importante es que la regularización pareció actuar como catalizador para conseguir mejores trabajos. Al observar el sistema de seguridad social a lo largo del tiempo, se observó una movilidad ascendente entre los migrantes a medida que cambiaban de un trabajo a otro.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este ámbito. Una investigación reciente sobre nueve países receptores de inmigrantes reveló que los inmigrantes en España ganan de media un 29% menos que los trabajadores nativos, la mayor diferencia salarial entre los países estudiados. Esto se debe, en gran medida, a que les cuesta acceder a puestos de trabajo mejor remunerados.
Absorción de nuevos trabajadores
No hay motivos para esperar que esta vez el impacto sea muy diferente al de hace 20 años. Se estima que hay 800.000 inmigrantes indocumentados en España, de los que unos 500.000 podrían optar a la regularización.
La economía española creció un 2,8% en 2025 y el desempleo ha caído por debajo del 10% (9,93% en el cuarto trimestre de 2025) por primera vez desde la crisis financiera de 2008. En 2025 se crearon más de 600.000 nuevos puestos de trabajo, siendo los sectores de los servicios y la agricultura los que experimentaron un mayor crecimiento.
Existe una demanda suficiente y continua de trabajadores en los sectores hacia los que se inclinan los inmigrantes –hostelería, cuidados, construcción, agricultura, etc.– como para que la economía pueda absorberlos.
Además, muchos inmigrantes proceden de Latinoamérica, con lo que comparten un idioma y una afinidad cultural que probablemente facilitarán su integración en la población activa española.
¿Un país de inmigrantes?
Lo que ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años es que España se está convirtiendo en un país de inmigrantes. Mientras que en la historia reciente los españoles buscaban trabajo en el extranjero, eso cambió a principios de la década de 2000, cuando se produjo un aumento de la inmigración. Tras estabilizarse en la década posterior a la crisis financiera de 2008, la inmigración ha vuelto a aumentar desde 2018.
Flujo de población inmigrante entre 2008 y 2021. / INE, CC BY-SA
Las estimaciones oficiales indican que, si las tendencias demográficas actuales continúan, la población de España pasará de los 49,4 millones actuales a 54,6 millones en el año 2074, un aumento producido exclusivamente por la inmigración. Según estas estimaciones, el porcentaje de la población nacida fuera de España pasará del 18% al 39% en los próximos 50 años.
A tomar en cuenta
Ante este cambio demográfico masivo, el Gobierno hará bien al prestar atención a lo que denomino “puntos de congestión” económica: aquellos ámbitos, como los servicios públicos, en los que la migración ejerce una presión adicional que, si no se resuelve, puede reducir la calidad de vida en España.
El debate sobre la inmigración se ha entrelazado con otros debates cruciales para España, como la crisis de la vivienda y el exceso de turismo. Las tres cuestiones –inmigración, vivienda y turismo– tienden a ser especialmente acuciantes en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
Ahí es donde puede producirse la congestión. El crecimiento de la población impone nuevas exigencias a las infraestructuras y los servicios públicos, como el transporte. En pocas palabras, más personas necesitan más viviendas, más plazas en autobuses y trenes, más plazas escolares para sus hijos, etc. Por lo tanto, los inmigrantes deben tener acceso a toda la gama de puestos de trabajo, y ahí es donde realmente comienza el reto.
Al igual que no hay una solución sencilla para la crisis de la vivienda o el turismo excesivo, tampoco la hay para la migración, ni siquiera una regularización generosa.
