Hace casi cuatro años, en marzo de 2022, el Ayuntamiento de Alicante y la cooperativa Les Naus formalizaron el contrato de enajenación de la parcela situada en la avenida Historiador Vicente Ramos en la que posteriormente se construirían 140 viviendas protegidas, cuyo proceso de adjudicación ha sido denunciado en Fiscalía Anticorrupción.
Con esa venta, por un precio tasado de 6,67 millones, finalizó una travesía de unas dos décadas, repleta de proyectos frustrados. Todos, de una manera u otra, tenían como nexo la construcción de vivienda protegida. Para el primero de ellos, según los protagonistas, habría que remontarse a 2005, con Luis Díaz Alperi en Alcaldía y Sonia Castedo al frente de Urbanismo.
Entonces, a final de ese año, el gobierno local puso el terreno a disposición del Patronato de Vivienda para construir pisos públicos tras una petición cursada desde el ente autónomo a la concejala de Hacienda, María Teresa Revenga. Meses después se anunció que esas casas tendrían un coste aproximado de 155.000 euros de la época, incluyendo garaje y trastero, y se avanzó que entre los requisitos estaría no superar los 1.800 euros de ingresos mensuales y no disponer de vivienda en propiedad. El plan, en 2006, era que la construcción arrancara en 2007 y adjudicar los pisos en 2008. El reparto, se avanzó, sería por sorteo entre los aspirantes.
Un año después, a finales de 2007, la edil de Vivienda, Isabel Fernández, pospuso la fecha de entrega de las 111 viviendas a septiembre de 2010 y se elevó el precio medio a 175.000 euros. A mediados de 2008, el Ayuntamiento aseguró que se había dado un paso importante con la redacción del proyecto básico. «Esa parcela formaba parte del terreno que le correspondía al Ayuntamiento por el desarrollo del plan parcial de la zona. Se hicieron los dos documentos, tanto el proyecto básico como el de ejecución, por unos 400.000 euros. Entonces la idea es que las construyera y las gestionara el Patronato de Vivienda», explica Castedo.
Primer obstáculo
Sin embargo, el proyecto para construir vivienda social sobre ese terreno que hoy acoge el residencia Les Naus sufrió su primer obstáculo a finales de 2010. El primero de muchos. Entonces, el Patronato de Vivienda tuvo que devolver el solar al Ayuntamiento por un conflicto con Bonmatí, ligado al traslado del mercadillo de Campoamor a Teulada, lo que generó críticas desde la oposición municipal.
El gobierno de Castedo, para poder disponer de toda la explanada del aparcamiento de Teulada tras un error del Ivvsa (el Instituto Valenciano de Vivienda), ofreció este solar al promotor Rafael Bonmatí, que era propietario de parte del solar al que se pretendía trasladar el mercadillo. En esa permuta, que finalmente no se concretó, el promotor debía levantar viviendas protegidas en Historiador Vicente Ramos.
«Si nosotros no pudimos ejecutar el proyecto fue también por el contexto económico, con la crisis del 2008 y el posterior Plan de Ajuste»
El siguiente interesado en la parcela fue el Obispado, dentro de las negociaciones del Ayuntamiento para quedarse con el asilo de Benalúa. De hecho, en enero de 2013, el Pleno dio luz verde a iniciar los trámites para comprar el asilo. «Tuvimos conversaciones con ellos, pero en un principio recuerdo que no mostraban mucho interés porque tenían que hacer vivienda protegida, no libre«, asegura la exalcaldesa, quien lamenta que en los siguientes años «ningún otro gobierno se interesase por el proyecto» ya redactado para construir vivienda protegida. «Si nosotros no pudimos ejecutar el proyecto fue también por el contexto económico, con la crisis del 2008 y el posterior Plan de Ajuste«, añade Castedo, en alusión a una herramienta financiera que estuvo vigente desde 2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria ante la elevada deuda y la imposibilidad de hacer frente a los pagos.
La Iglesia, protagonista
Con todo, las negociaciones con la Iglesia prosiguieron con Miguel Valor al frente de la Alcaldía, y el convenio estuvo a punto de firmarse, pese a unas discrepancias de última hora en la valoración: el Ayuntamiento se quedaba con el asilo, a través de la fórmula de la expropiación, y el Obispado con la parcela en Historiador Vicente Ramos. De hecho, se puso fecha para que el Pleno validase el acuerdo: el 28 de enero de 2015. La permuta finalmente no se aprobó al chocar con un informe de Hacienda y quedó sobre la mesa.
«El firme propósito de nuestro gobierno fue que se destinara a vivienda protegida. Si alguna vez se paró el expediente sería por motivos estrictamente legales o presupuestarios»
Ya con Gabriel Echávarri al frente del gobierno municipal, la Iglesia volvió a tocar a la puerta del Ayuntamiento. «No recuerdo mucho referente al solar, pero sí que me acuerdo que al principio de mandato vino el obispo junto a un abogado y me dijeron que ese solar lo tenían cerrado con anteriores gobiernos del PP para entregárselo a la Iglesia a cambio del asilo Benalúa, yo les manifesté que no teníamos constancia de dicho acuerdo y que no íbamos a asumir nada que no estuviera formalizado legalmente», explica el exalcalde socialista, quien asegura que «el firme propósito» de su gobierno «fue que se destinara a vivienda protegida, y, si alguna vez se paró el expediente, sería por motivos estrictamente legales o presupuestarios, porque en ningún caso se intervino políticamente».
La venta de la parcela a la iniciativa privada empezó en 2016 y no se completó hasta seis años después
Con todo, el gobierno de izquierdas también valoró entregar la parcela a un promotor urbanístico, aunque en este caso para saldar parte de una herencia asumida, la indemnización de unos 18 millones a Hansa Urbana, que se sumaba al Plan de Ajuste, que a priori se iba a prolongar hasta el año 2022. Sin embargo, ante la falta de interés de la empresa, el tripartito decidió a principios de 2016 enajenar la parcela para construir vivienda protegida. «No podíamos hacerlo desde el Ayuntamiento porque el Plan de Ajuste nos tenía maniatados: ni había dinero ni teníamos personal», asegura la entonces edil de Hacienda y Patrimonio, Sofía Morales.
Diferente color político, mismo proyecto
Esos trámites, oficialmente, se iniciaron en enero de 2016. A mediados de ese año, según el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, se dio el pistoletazo de salida a un expediente que ha finalizado con la construcción de las 140 viviendas. «La valoración por Urbanismo, con Pavón, previa indispensable para la tramitación íntegra del expediente, y que implica la adopción de la decisión de destinar esa parcela a la promoción de vivienda protegida, se inicia con esa calificación», explicó Barcala ante el Pleno el pasado jueves.
Sin embargo, el proyecto se frenó a principios de 2017. «La tasación de la parcela era muy baja, se hablaba de 3,3 millones. No era sostenible cuando en el mercado libre podría valer 13 millones«, asegura la exedil Morales, quien explica que el trámite se reactivó a finales de año cuando desde Patrimonio se comunicó que se podría tasarse de nuevo por un valor ya superior.
No obstante, hubo otro hándicap que paralizó la reanudación hasta abril, pocos días antes del cambio de gobierno tras la dimisión de Echávarri y la llegada de Barcala gracias al voto de la tránsfuga Nerea Belmonte. «Tuvimos que esperar al presupuesto de 2018 para poder incluir la enajenación de la parcela, por eso se debió parar unos meses el expediente«, sostiene la exconcejala socialista de Hacienda, dando respuesta al actual alcalde, que en último pleno aseguró que en la documentación no se concretaban los «obstáculos» que habían paralizado el trámite desde finales de 2017.
«Hacía falta dinero»
Con todo, el expediente se retomó tras el cambio de gobierno, ya con Carlos Castillo al frente de Hacienda y Patrimonio y Barcala en la Alcaldía. Pese al cambio de color, no hubo ningún bandazo. «Castillo solo quería vender la parcela porque hacía falta dinero», aseguran fuentes próximas al Patronato de Vivienda.
Ese impulso del PP fue el definitivo para la enajenación de la parcela, con la licitación de la venta por parte de la Junta de Gobierno en julio de 2018, aunque el proceso posteriormente encontró otros escollos, que acabaron con una sentencia del TSJ para quedarse con la parcela para construir las 140 viviendas protegidas, que han regresado de nuevo a la mesa de la Justicia. Esta vez, por las cuatro denuncias (Sumar, el PSOE, el Ayuntamiento y la Generalitat) por las dudas que envuelven a la adjudicación de unos pisos que, por ahora, han provocado tres dimisiones.
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