La violencia urbana es un tema de enorme actualidad en Brasil y se cuela en la campaña electoral. Ocho de cada 10 mujeres afirman haber sufrido un episodio de esa naturaleza y casi todas las encuestadas aseguran haber adoptado medidas para reducir el riesgo de un incidente que puede ser traumático. La muerte y el delito pasan de los telediarios a las series en un juego permanente de espejos que provoca miedo ciudadano. La ultraderecha intenta capitalizarlo. A la vez, la violencia desfila en las pantallas como un atractivo parque temático. Basta detenerse en las ofertas en las plataformas por estos días, desde El ADN del delito a Los dueños del juego, en Netflix, Impuros, que en su séptima temporada se enfoca en las disputas entre narcos y la corrupción policial. Territorios – Bajo el dominio del crimen es una serie documental de investigación periodística sobre cómo las bandas y las milicias, los parapoliciales de Río de Janeiro, parte de ellos bolsonaristas, se han infiltrado en el Estado.
Los brasileños acudirán este domingo a las urnas con expectativas desiguales. Quizá parte de ellos tenga en el mismo interés en las tramas de Delegado, las peripecias de un joven y honesto comisario, Habeas corpus y Arcángel renegado, esta última emitida por Globoplay, y también centrada en la disputa entre narcos y uniformados en la «ciudad maravillosa». Más allá de la ficción, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro presentan a los electores sus programas de seguridad con puntos en común y diferencias sustanciales que tienen que ver, fundamentalmente, con la adhesión o el rechazo al «Escudo de las Américas» que promueve Donald Trump y que alinea a toda Sudamérica, salvo Brasil, detrás de la misma estrategia de Washington para combatir un crimen equiparado a «organización terrorista».
Brasil tuvo en 2025 una tasa de muertes violentas intencionales de 19,1 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública se registraron 40.775 hechos letales, lo que representa una disminución del 8,2% en comparación con el año anterior. Las regiones del norte y noreste, así como Río de Janeiro, mantienen los niveles más altos de violencia, en parte porque constituyen una ruta estratégica del narcotráfico que se aprovecha de la porosidad de las fronteras y la dificultad para fiscalizar la mayor selva tropical del planeta. En el gigante sudamericano han sido identificadas 88 facciones criminales. Sin embargo, dos de ellas tienen una especial relevancia. El Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las más influyentes de América Latina, nació tres décadas atrás en las cárceles paulistas y se ha convertido en una mafia que, gracias a la droga, extendió sus tentáculos en las finanzas, criptomonedas y gasolineras, constructoras y hasta la compraventa de jugadores de fútbol. El Comando Vermelho (CV) rivaliza por ese poder. Su origen está en las prisiones de Río de Janeiro y explota las mismas actividades que el PCC, con el añadido de la minería ilegal y la pesca clandestina. Controla cerca del 75% del territorio de las favelas (barrios marginales) cariocas.
Acuerdos y disidencias
Lula y Bolsonaro no se han podido desentender de estos temas en la campaña. Según el diario Folha, los candidatos comparten, a pesar de los antagonismos políticos, un diagnóstico común y algunas propuestas como asfixiar la capacidad económica del crimen organizado, algo que ya ocurrió con la operación Carbono Oculto, en agosto de 2025, cuando se desarticularon los vínculos de esos grupos con el sistema financiero, sin disparar un solo tiro. Según Lula, ese es el camino que hay que profundizar porque le ha provocado millonarias pérdidas a los delincuentes. «Este acercamiento revela una comprensión más contemporánea del crimen organizado: detener (o matar) al criminal de base no afecta a las organizaciones que cuentan con mando, patrimonio, proveedores, rutas y operaciones de lavado de dinero», señala la publicación. El presidente y su rival coinciden también en la importancia de un mayor control fronterizo, el aislamiento de los líderes de las facciones en el sistema penitenciario y la recuperación de territorios dominados por el crimen.
La principal diferencia entre los competidores tiene que ver con los modos para alcanzar estos objetivos y qué tipo de alianzas internacionales se requieren. El presidente que va por su reelección quiere coordinar las políticas nacionales, aumentar la cooperación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios. Lula reivindica el Programa Brasil contra el Crimen Organizado y la ley contra las pandillas (2026) y promueve la urbanización de las favelas y las periferias, la ampliación de los servicios para reducir los mercados explotados por las organizaciones criminales y una batería de políticas sociales para alejar a los jóvenes, especialmente afrobrasileños, del mundo delictivo.
El factor Trump
Bolsonaro, en tanto, además de predicar la «mano dura» y el endurecimiento de las penas, especialmente a los menores, quiere actuar en consonancia con la petición que le hizo a Trump de que considere al PCC y el CV «organizaciones terroristas». Para Lula, el multimillonario republicano lo complació a los efectos de intervenir en los asuntos internos de Brasil, y así lo repitió durante su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU. El actual jefe de Estado recuerda que ha propuesto a EEUU trabajar de igual a igual sobre la base de situaciones concretas, y sin una respuesta de Washington. Cuando, en octubre pasado, comenzaron los hundimientos de lanchas en el Caribe sur y el Pacífico por parte de aviones norteamericanos bajo el argumento de que transportaban drogas, Bolsonaro propuso hacerlo mismo en su país.
El hijo de Jair Bolsonaro se muestra a favor de redoblar la vigilancia tecnológica y construir cinco nuevas prisiones federales de máxima seguridad, al estilo de las de Nayib Bukele en El Salvador. También propone que el 100% de la ayuda financiera destinada a las familias de los reclusos de bajos ingresos se transfiera a las familias de las víctimas de delitos. Lula no se ha privado de recordar en su campaña los vínculos de la familia Bolsonaro con las «milicias» cariocas y cómo supuestamente su contrincante desvió en sus años como legislador de Río de Janeiro una partida presupuestaria a una entidad vinculada a Robson Calixto, alias «Peixe». Se trata de unos de los condenado por el Supremo Tribunal Federal por su participación en el entramado del asesinato de la concejala Marielle Franco.
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