Este gobierno no termina de sorprendernos con su visión del progresismo, la solidaridad y la igualdad. Las cesiones al nacionalismo son de todo menos algo compatible con los ideales que decían que eran representativos de la izquierda.
Se propone ahora, al final casi de la legislatura, sin presupuestos aprobados, con una mayoría incierta, sin acuerdos que involucren a todos, reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y se presenta, en un ejercicio de difícil calificación, con el disfraz de una mejora de todas ellas, que disimula la maniobra de cesión a Cataluña y sin criterios objetivos en los que se asiente la propuesta, incierta y frágil en su estructura aún ignota, pues solo se habla de números que compensan la cesión principal. De ahí que los principios, confusos, de la oferta tengan como base criterios que, fuera del incremento objetivo de la financiación, se orientan a una mayor diferencia entre las comunidades autónomas y el favorecimiento de la desigualdad. Allá los diputados de las regiones pobres si apoyan su propio daño.
El principio del que se parte, el conocido como ordinalidad, es que cada Comunidad pagará al común, a los demás ciudadanos de este país, en función de lo que aporta. Es decir, que quien aporta cien, recibe cien. Los ricos aportan más porque son ricos; los pobres, menos porque son pobres. Los ricos seguirán siendo igual de ricos y los pobres mantendrán su pobreza.
Nada de esto importa mucho a los nuevos progresistas que anteponen los territorios a las personas, siendo así que los territorios, en sí mismos considerados, siempre tienen su reflejo en el bienestar de quienes los habitan. Y que quien aporta no es el territorio, sino los ciudadanos y las empresas. Ergo, lo que dimana de ese principio que llaman de la ordinalidad (recibir lo que se aporta sobre la base de una operación aritmética sin atender a las diferencias entre los ciudadanos de un país), no es otra cosa que garantizar el nivel de vida de unos por vivir en un lugar y despreciar a otros que lo hacen en lugares menos favorecidos. O, lo que es lo mismo, en tanto aportan las personas, el que lo hace más es porque es más rico, de modo que si recibe más, se enriquecerá en mayor medida que los menos pudientes que se harán más pobres.
El nacionalismo, siempre quejoso, el que siente que España, es decir, los menos favorecidos, le roban o se consideran agraviados no es compatible, en estos términos, con la izquierda.
Financiar territorios es hacerlo a su sanidad, su educación, sus servicios sociales, su seguridad; no es dar a una entelequia determinada por unas líneas artificiales como son las fronteras o las marcas creadas por la historia. Por ello, si se aplica el “a cada cual según lo que se gana”, la consecuencia inmediata es que a quien no lo hace, todo aquello que constituye la base del sistema social le será hurtado. Indirectamente en el caso de la financiación autonómica, pero hurtado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis. / Mariscal / EFE
La ordinalidad, contra la subsidiariedad, no es principio que pueda considerarse desde la solidaridad e igualdad de las personas, pues lo que debe protegerse no es la identidad nacional de los pueblos, sino la vida de las personas y sus derechos. No es lícito que una sanidad funcione correctamente y otra no lo haga por falta de medios por el mero hecho de que la primera es más rica. Solo eso es posible si se desconoce que España existe como tal y que sus ciudadanos pueden ser discriminados por razón de su origen o lugar en el que viven o por su lengua. EL TC se pronunció en este sentido reduciendo este principio de ordinalidad a la solidaridad común.
Aplicar la reforma que este gobierno reaccionario, no progresista, ha decidido llevar adelante, sin base ideológica socialista, es decir, como efecto de un negocio jurídico de intercambio de votos por financiación, llevaría, si se quiere ser coherente, a reformar todo el sistema de protección social que se basa exactamente en principios opuestos y contradictorios.
Si se establece que se ha de recibir en función de lo aportado, otros podrían hacerlo, negando prestaciones, como el ingreso mínimo vital, el desempleo etc. Quien no aporta no puede recibir nada y quien recibe, lo mismo que aporta. Poco socialista es, pero es lo mismo que se quiere establecer. En un caso, directamente; en el de la financiación, indirectamente. Y los argumentos no pueden ser lógicos cuando en el fondo, en ambos casos, son las personas las que sufren la discriminación.
Todo es fácil cuando la política de bajo nivel se impone sobre los principios, cosa que, habrá que reconocer, no identifica a este gobierno y a este presidente al cual interesa, por encima de todas las cosas, el voto que le garantice permanecer en un sueño que imaginó y que se ha convertido en una pesadilla para su propio partido. Carece de ideología alguna y gobierna, como en las dictaduras que no le inquietan, sin un Poder Legislativo eficaz, sin presupuestos y por Decreto Ley, a golpe de negociación o decisión basada en la esperanza de que le voten los beneficiados.
Eso sí. Se proclama líder del derecho internacional. Pero olvida que hizo caso omiso de la ONU con el Sáhara, que era nuestro deber llevar a la autodeterminación. Ha permitido una ocupación ilegal y vendido al pueblo saharaui, negando incluso la nacionalidad a quienes tenían DNI español. Y en este asunto no tuvo problema alguno en ser aliado de EE UU. La dignidad a la que apela se nos hurtó a los españoles al abandonar a los que lo fueron y era nuestra responsabilidad conducir a la autodeterminación.
Nada hay en los actos de Sánchez que pueda pasar por el tamiz del bien común o del respeto a otra cosa que no sea él mismo. Ni siquiera su partido.
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