Si no fuera porque Pedro Sánchez y todo su Gobierno repiten cada día, en público y en privado, que la legislatura llegará hasta 2027, podría interpretarse que toda la estrategia del presidente desde el verano está volcada en crear un clima favorable para poder convocar elecciones anticipadas en 2026. O al menos para crear un contexto por si es necesario hacerlo.
Y si no fuera porque Sánchez siempre ha convocado elecciones anticipadas y nunca ha concluido sus dos mandatos, después de hacer como todos los presidentes del Gobierno y negarlo hasta el mismo día de la firma del decreto de convocatoria, se le creería y se descartaría la opción de comicios en 2026.
Lo cierto es que Moncloa busca colocar en la agenda política diaria asuntos que puedan servir para movilizar a la izquierda y aprovechar el ascenso de Vox para empujar al PP hacia la ultraderecha.
Esos asuntos, en todo caso, sirven para intentar dar contenido a una legislatura en la que cada vez le resulta más difícil al PSOE sacar adelante iniciativas en el Congreso. Y en la que revelaciones judiciales como el informe de la UCO que apunta a un posible uso de dinero negro en el PSOE amenazan la continuidad del Gobierno y pueden irritar a sus socios parlamentarios, que siempre pusieron la financiación ilegal como línea roja.
Algunos socios parlamentarios de Sánchez ya admiten abiertamente su sospecha de que la legislatura podría terminar antes de 2027. Primero lo dijo Podemos y ahora van sumándose otros que ven un abismo entre lo que dice Sánchez y lo que hace. Y que, por ello, quieren acelerar proyectos emblemáticos por si el adelanto se produce.
Oficialmente, nadie en el Gobierno habla de elecciones anticipadas. Lo niegan con énfasis, al igual que Sánchez, y explican las razones por las que el presidente quiere llegar a 2027. Por ejemplo, «el daño que harían a la ejecución de fondos europeos unas elecciones el año que viene«, según un ministro destacado.
El último asunto movilizador es el de la propuesta de blindar en la Constitución el derecho al aborto, después de haber descartado con desdén hace sólo seis meses una propuesta idéntica de Sumar, su socio de coalición.
Ahora, Sánchez ha vuelto a mostrar su habilidad para detectar olas ganadoras y subirse a ellas más rápido que nadie, aprovechando el inexplicable traspiés de José Luis Martínez Almeida al aceptar sin motivo una propuesta de Vox basada en la inexistente tesis científica del síndrome postaborto.
La ola es ganadora políticamente y no porque vaya a salir adelante —es totalmente imposible, pues requiere una reforma constitucional complicada para la que no hay consenso—. Pero según admiten los socialistas, permite poner en la agenda un asunto muy incómodo para el PP. Tanto, que ni aparece en las resoluciones de su reciente Congreso Nacional.
Sirve para movilizar al electorado femenino que fue, precisamente, el que salvó a Sánchez en julio de 2023. Y, sobre todo, moviliza a la izquierda frente al temor a que una mayoría del PP y de Vox pueda reducir derechos, en particular los referidos a las mujeres.
Para el Gobierno, incluye la ventaja de que el asunto tiene largo recorrido, porque el proceso de reforma constitucional ocupa agenda durante meses, hasta que pueda ser tumbado finalmente por PP y Vox en el Congreso.
También da contenido a la legislatura, porque permite mantener la impresión de que, si se adelantan elecciones, se pone fin a avances sociales como la de «constitucionalizar el derecho al aborto».
El gran inconveniente es que las revelaciones judiciales pueden llevar a la política española a la situación de julio, cuando Sánchez tenía imposible imponer su propia agenda.
Eso ha ocurrido claramente este viernes con el informe sobre los manejos de dinero de José Luis Ábalos. Las «chistorrras», las «lechugas» y los «soles» son imbatibles frente a cualquier otro argumento político.
Antes fue la causa del «genocidio en Gaza» que, según Moncloa, cuenta con el apoyo de la mayoría de los españoles y también permite movilizar el voto de la izquierda.
También en ese caso, Sánchez aprovechó las dudas iniciales de Alberto Núñez Feijóo y, sobre todo, la división en el PP con Isabel Díaz Ayuso y los populares madrileños en una posición proisraelí.
Sólo en los últimos días, los avatares de la flotilla de Gaza han torcido algo la gestión del Gobierno, acusado desde su izquierda de ser demasiado tibio con Israel.
El marco principal de esa estrategia de apariencia electoral es el de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, sobre los que no hay más que dudas, especialmente, las que se refieren al calendario.
Moncloa insiste en que se presentarán, aunque se haya incumplido el precepto constitucional, pero ya se habla del mes de noviembre como fecha de presentación en el Congreso. La votación de totalidad podría irse casi hasta enero.
La Vicepresidencia primera que encabeza María Jesús Montero insiste en que serán cuentas muy expansivas, con mucho gasto social e inversión. Es decir, para que el partido que lo tumbe tenga que explicar la razón de su voto. Y para que Sánchez pueda usar el proyecto de Presupuestos como programa electoral.
Podrá también explotar el discurso de no haber cedido a las exigencias de los socios parlamentarios, para intentar quitarse la mochila del chantaje de los independentistas.
La situación en el Congreso es tan difícil como que el Gobierno evita llevar asuntos al Pleno para no perder votaciones y desde que se ha iniciado el periodo de sesiones tras el verano no ha habido Pleno ningún jueves, es decir, el día que se votan los proyectos de ley del Ejecutivo. Esta semana se usa la excusa del día de la Comunidad Valenciana, pero tampoco figura ningún proyecto de ley en el Pleno del iércoles.
Sánchez ya se quitó presión en septiembre en su entrevista en TVE, cuando aseguró que no convocaría elecciones aunque le tumben los Presupuestos. Pero lo cierto es que no podía decir otra cosa.
Fuentes de Hacienda admiten que será muy difícil lograr el apoyo de Podemos y están atascados con ERC, porque es inasumible la exigencia de «concierto fiscal» para Cataluña que se pactó para la investidura de Salvador Illa.
Y encuentran dificultades con Junts, que tienen que ver con asuntos ajenos a las cuentas, como la necesidad de hacer oposición en Cataluña, el miedo al ascenso de Aliança Catalana y la pendiente amnistía a Carles Puigdemont.
Se ha anunciado una propuesta de financiación autonómica, cuyo futuro parlamentario es negro, pero que también puede servir como programa electoral en las comunidades.
Los procesos judiciales
En esa quiniela de calendarios sobre algo que sólo está en la cabeza de Sánchez hay un factor difícil de calibrar: los procesos judiciales que le afectan.
En noviembre será el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García. Y, a falta de lo que diga la Audiencia Provincial de Madrid, se acercan los juicios contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno.
Está por saber si Sánchez prefiere esperar a que se celebren o prefiere que sean después de las elecciones, con la incógnita de si habrá o no condenas.
Y está pendiente el desarrollo de las causas ligadas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que no pintan nada bien para el PSOE, según se deduce del último informe de la UCO. El primero perdería su condición de diputado el mismo día en el que se firme el decreto de convocatoria, lo que obligaría al Tribunal Supremo a remitir la causa a la Audiencia Nacional.
También puede afectar el calendario sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todo parece indicar que, en ambos casos, no habrá resolución final antes de primavera del próximo año.
Pero hay más puntos movilizadores que maneja Moncloa, como los planes de vivienda que ha acelerado el Gobierno y que presenta estos días la ministra Isabel Rodríguez.
El Ejecutivo espera el fallo del PP en sus relaciones con Vox, para poder ir a las elecciones con el mensaje del miedo al recorte de derechos.
Fuentes del Gobierno explican que sus estudios revelan un efecto claro de lo que consideran un «aturdimiento» de Feijóo tras el verano y un desgaste de su imagen, que ha provocado un ascenso de Vox.
Es significativo también que los socialistas hayan avivado la imagen de ascenso espectacular de Vox a costa del PP.
No es casual la encuesta del CIS que daba al PSOE una ventaja sobre el PP de hasta nueve puntos, que ningún otro sondeo privado detecta. O que se jalee una encuesta de Iván Redondo, ex mano derecha de Sánchez, que detecta un hundimiento del PP y una amenaza de sorpaso de los de Santiago Abascal.
Los dos sondeos muestran esa caída del PP, pero admiten que con Vox suma mayoría absoluta. Lo cual es mala noticia para el PSOE, pero es también un factor movilizador de la izquierda antes de unas elecciones, como ocurrió en 2023.
Crisis de Sumar
Esas encuestas no salvan la realidad de que la pésima situación de Sumar es una rémora electoralmente para Sánchez. Más aún si se anticipan unas elecciones sin que el proyecto que encabezó Yolanda Díaz se haya recompuesto: ni siquiera tiene decidido quién será su candidato a la Presidencia del Gobierno.
Por el momento, Sumar admite que sus ministros están intentando acelerar proyectos que tienen atascados y buscan perfil propio en asuntos clave en los que compiten con el PSOE y con Podemos.
No obstante, la tesis de la Moncloa es que no hay trasvase de votos del PSOE a la derecha y, por tanto, todo depende de la movilización del electorado de izquierdas y la capacidad de Sánchez de agrupar el voto útil frente a la ultraderecha.
«Hay que aprovechar los tiros en el pie que se da Feijóo cada día, incluyendo sus propuestas sobre inmigración, basadas en supuestos falsos y próximas a las posiciones de Vox», explican en la Moncloa.
En ese clima, hay socios del Gobierno que quieren aprovechar para desatascar asuntos pendientes.
«Sería un fracaso acabar la legislatura sin reformar la ley mordaza«, asegura un portavoz de uno de los grupos parlamentarios que forma parte del bloque que invistió a Pedro Sánchez.
Responde a la gestión del diputado de Sumar Enrique Santiago, que en los últimos días ha sondeado al resto de grupos sobre la posibilidad de recuperar el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que está bloqueada en el Congreso.
Entienden que el desarrollo de la legislatura exige que se actualicen y agilicen iniciativas de carácter progresista.
Por un lado, para dar sentido a lo que queda hasta las elecciones generales, sean cuando sean, con iniciativas de claro carácter de izquierdas. Y, por otro, conscientes de que si no se aprueban ahora es muy probable que con el siguiente Gobierno ya no se pueda.
En octubre de 2024 se anunció solemnemente un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la ley mordaza y se presentó una proposición que, en teoría, era aceptada por los demás partidos del bloque de investidura. Es decir, que podía tener mayoría en el Congreso.
La proposición de ley firmada por PSOE, Sumar, Bildu y PNV llegó al Congreso en octubre de 2024 y el día 29 de ese mes superó el trámite del debate de totalidad en el Pleno. Tuvo 176 votos a favor y 170 en contra de PP y Vox.
Pero luego, la iniciativa ha tenido cuatro plazos de ampliación de enmiendas en la Comisión de Interior. La última prórroga llega hasta el mes de diciembre.
