Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en Presidencia del Gobierno.
En un recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que se «deje sin efecto» su imputación en la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Su defensa, a cargo del letrado José María de Pablo, sostiene que no puede atribuírsele un delito de malversación por haber enviado correos como asesora de Begoña Gómez.
«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», apunta.
Asimismo, incide en que la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación es «contradictoria con la postura del Tribunal Supremo», que rechazó abrir causa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez.
«Esta defensa es consciente de que el auto del Tribunal Supremo solo analiza la posición del señor Bolaños, y no la de mi mandante, por lo que su incidencia en este recurso no es tan palmaria como la de las resoluciones de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Instrucción», sostiene.
Sin embargo, explica que trae a colación la resolución «por su claridad y rigor al diferenciar una mera hipótesis de un indicio de delito de malversación». «La firmeza sin concesiones mostrada por el Tribunal Supremo ante lo poco ortodoxo de la presente instrucción es la que pedimos, respetuosamente, a la Ilustrísima Sala (de la Audiencia Provincial) que resolverá el presente recurso», añade.
Acusa a Peinado de desobedecer a la Audiencia de Madrid
De igual forma, recalca que la imputación también «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye».
E incide en que Peinado «contradice» su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín Aguirre, por los mismos hechos.
Así, acusa al instructor de «cambiar de criterio» poco después «y sin que el resultado de ninguna diligencia de investigación permitiese modificar el relato fáctico atribuido» a Álvarez, «de modo que los mismos hechos que antes no podían encajar en el tipo delictivo ahora encajan como un guante». «Con el debido respeto, hemos conocido juristas más firmes en sus convicciones jurídicas», agrega.
En este sentido, sostiene que «si se respeta el criterio expresado» por la Audiencia de Madrid «la presente pieza separada, en su totalidad, está abocada al fracaso». Y afea a Peinado que vuelva a «ignorar» el criterio de superioridad, «llegando esta vez incluso a mutilar un auto de la Audiencia Provincial, que transcribe parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía».
«Prestó las funciones para las que estaba contratada»
En el marco del escrito, el letrado defiende que Álvarez «prestó las funciones para las que estaba contratada». A su juicio, «es disparatado pensar que la remisión de tres emails de carácter privado en un plazo de siete años –a menos de medio correo electrónico privado por año– le hayan impedido llevar a cabo sus funciones, y no consta queja ni incidencia alguna en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en estos años».
«¿Tan difícil es entender que la esposa del Presidente del Gobierno también necesita equipo de escoltas y coordinación de seguridad cuando acude a reuniones privadas o profesionales, ya sea una reunión en el colegio de sus hijas, o en la Universidad Complutense, y que eso obliga a mi patrocinada a estar al tanto también de esas actividades y coordinar la seguridad y protocolo, e incluso asistir, en esos eventos?», plantea la defensa.
Así las cosas, incide en que «la esposa del Presidente del Gobierno es esposa del Presidente del Gobierno las 24 horas del día, de manera que incluso sus actividades más estrictamente privadas precisan del conocimiento, control, y muchas veces compañía de mi mandante».
Y, al hilo, recuerda que «las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno, desde 1978 hasta nuestros días, siempre contaron con asistentes personales» y subraya que «los anteriores asistentes contaron con salarios superiores» al de la asesora de Begoña Gómez.
