Harvard sigue intentando frenar a Donald Trump. La universidad decana de EEUU ha acudido de nuevo a los tribunales para intentar frenar el veto migratorio impuesto por el actual Gobierno estadounidense que le impide matricular a estudiantes internacionales en el próximo curso académico. Harvard pidió este lunes a una jueza federal en Boston que mantenga de forma permanente el bloqueo temporal al decreto firmado por Trump, a modo de medida provisional para evitar daños mayores mientras avanza el proceso legal.
Los abogados de Harvard argumentan que la orden presidencial es en realidad una represalia contra el centro por no ceder al control del Ejecutivo sobre su autonomía académica. «La proclamación es una violación clara de la Primera Enmienda», defendió en la vista el abogado de la universidad, que argumentó que la Administración Trump está castigando a la institución por negarse a aceptar cambios que afectan a la censura de su currículo y la composición ideológica del profesorado e investigadores.
Este es el último paso hasta ahora en la escalada de presiones de la Casa Blanca, que mantiene congelados más de 2.500 millones de dólares en fondos federales a la universidad, y que ha planteado la retirada del estatus de exención fiscal del centro. Más recientemente, le ha retirado a Harvard la capacidad legal para esponsorizar la concesión de visado a estudiantes e investigadores internacionales, impidiendo de facto que acepte a ningún estudiante no estadounidense.
Fuga de talento
La ofensiva puede afectar directamente a los casi 6.800 estudiantes internacionales que cursan estudios en Harvard, el 27% de su población académica. Buena parte de ellos procede de China y la India. La universidad ha denunciado que algunos han sido deportados, otros han visto denegados sus visados y varios más han sido citados para entrevistas consulares que luego fueron canceladas.
El caso ha provocado inquietud entre el alumnado. Algunos estudiantes que ya están matriculados temen no poder renovar su visado. Otros, que planeaban comenzar sus estudios este verano o en otoño, no saben si podrán siquiera entrar en el país. La propia jueza asignada al caso alertó en una audiencia anterior del clima de incertidumbre: «La gente tiene miedo y duda sobre si venir aquí», afirmó, al tiempo que mostró su intención de buscar un mecanismo que impidiera daños mayores mientras se resuelve el fondo del asunto.
Harvard reclama una orden cautelar más amplia que cubra posibles nuevas maniobras del Ejecutivo. El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que esa petición es desproporcionada y que la universidad busca blindarse frente a cualquier futura acción del Gobierno. En documentos presentados ante el tribunal, los abogados federales acusan a la institución de querer «un escudo preventivo» ante otras medidas que todavía no han sido adoptadas.
Ceremonia de graduación en Harvard de 2025, en mitad de la polémica / CHARLES KRUPA / AP
Sin base legal
La universidad niega que exista una base legal para el veto. En abril, el Ejecutivo envió una lista de exigencias que incluían vetar la admisión de estudiantes considerados «hostiles a los valores estadounidenses», realizar auditorías ideológicas del profesorado y el alumnado, e informar periódicamente al Gobierno sobre la composición política del campus. Harvard se negó.
«Se trata de una campaña de represalia contra Harvard por nuestra negativa a rendir nuestra independencia académica», denunció Alan M. Garber, presidente de la institución. La universidad ha iniciado dos procedimientos judiciales separados: uno para desbloquear los fondos federales retenidos y otro para frenar la ofensiva migratoria.
Por ahora, la orden temporal sigue en vigor, pero ambas partes no han logrado consensuar el texto de una medida cautelar más amplia. La decisión de la jueza sobre el futuro inmediato de los estudiantes internacionales en Harvard podría conocerse en los próximos días.
