El contraste presupuestario en materia hidráulica entre la política exterior del Gobierno de España y la atención a sus propias comunidades autónomas ha encendido las alarmas en el Ejecutivo canario.Mientras el Estado respalda con cerca de 340 millones de euros de apoyo financiero público la construcción de una planta desaladora en Casablanca (Marruecos), mediante créditos y garantías, solo aporta 20 millones de euros al año a Canarias para obras hidráulicas, una cantidad que a veces no llega o lo hace tarde, frente a los 140 millones anuales que reclama el Ejecutivo canario en el convenio hidráulico pendiente desde 2018.
La cifra habla por sí sola. El apoyo financiero público para una sola infraestructura en Marruecos equivale a 17 veces el importe de la subvención anual destinada a las obras hidráulicas de Canarias, y el convenio sigue en el aire, mientras Canarias demanda al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una respuesta para abrir la negociación.
«Asombro y desconsuelo»
Para el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno regional, Marcos Lorenzo, el apoyo a Marruecos causa «asombro y desconsuelo» a Canarias. «Primero están los dientes y después las muelas», ironiza, para exigir que el Ejecutivo de España priorice las necesidades hídricas urgentes de Canarias.
Frente a la paralización del convenio de obras hidráulicas, el presidente Fernando Clavijo ha fijado una postura rotunda ante el tramo final de la legislatura: el estricto cumplimiento de la ‘agenda canaria’ y la suscripción definitiva del convenio son exigencias ineludibles, explica Lorenzo.
Parálisis del convenio
La parálisis actual responde a una posición del Ministerio que el propio Ejecutivo canario califica de «inaceptable». En una reunión oficial mantenida en Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, rechazó la firma de un convenio marco global con la comunidad autónoma y propuso en su lugar suscribir acuerdos bilaterales, obra a obra, a través de sociedades estatales. Lorenzo tacha esta postura de «portazo institucional». El Gobierno canario alude a que el artículo 152 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el artículo 2.2 de la Ley de Aguas de Canarias y la Disposición Adicional Novena del Texto Refundido de la Ley de Aguas del Estado dictaminan que las obras de interés general deben ser propuestas de forma exclusiva por Canarias y financiadas obligatoriamente por el Estado a través de un convenio de colaboración plurianual.
La trayectoria histórica del convenio avala la legitimidad de la reclamación insular. El primer gran marco de financiación hídrica se suscribió por un importe de 915 millones de euros para el periodo 2008-2018. Tras concluir su vigencia, en diciembre de 2018 se firmó un protocolo de intenciones por valor de unos 1.000 millones de euros entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central. Sin embargo, la posterior convocatoria electoral de 2019 paralizó la tramitación formal y, desde entonces hasta el presente año 2026, ha sido imposible sentar a la Administración central a rubricar un acuerdo estable, remarca Lorenzo.
4.000 millones
La planificación oficial del tercer ciclo hidrológico (2021-2027) arroja una demanda total de casi 4.000 millones de euros para atender todas las infraestructuras hidráulicas que requiere el Archipiélago. Con el fin de actuar con el máximo rigor presupuestario, el Gobierno autonómico coordinó con los siete consejos insulares de Aguas en 2024 una nueva propuesta de obras de interés general que pudieran formar parte del siguiente convenio de obras hidráulicas para cribar y priorizar las actuaciones estrictamente indispensables, explica Lorenzo.
Fruto de ese consenso unánime, en noviembre de ese año se aprobó un catálogo prioritario de 127 proyectos de interés general por un importe de 1.400 millones de euros (equivalente a 140 millones de euros anuales durante una década). Tras ser ratificado por el Consejo de Gobierno, el expediente completo se remitió de forma oficial al Miteco en enero de 2025; diecinueve meses después, no se ha emitido respuesta alguna ni se ha fijado fecha para abrir las negociaciones, sentencia el viceconsejero.
Intervenciones estratégicas
Entre las intervenciones estratégicas incluidas en el catálogo de 1.400 millones que permanecen bloqueadas figuran proyectos de envergadura vital para la seguridad hídrica de cada isla: en Tenerife, el sistema de saneamiento y depuración del Noroeste (120 millones de euros); en Gran Canaria, las obras de saneamiento y depuración de Las Palmas de Gran Canaria (89 millones de euros) y la ampliación con tratamiento terciario de la EDAR de Banco Seco (54,7 millones); en Lanzarote, el Gran Depósito Regulador de reserva estratégica de 200.000 metros cúbicos (44 millones de euros); o en Fuerteventura, la nueva desaladora EDAM de la Zona Sur (30 millones de euros).
A la falta de respuesta sobre el convenio global se suma la extrema inestabilidad del «parche» de la subvención nominativa anual de 20 millones de euros que el Estado otorga a Canarias (idéntica cifra a la asignada a Baleares), indica Marcos Lorenzo. Los fondos sufren demoras sistemáticas y en el ejercicio 2024 la partida de 20 millones nunca se transfirió a las arcas comunitarias, sostiene.
Ante este escenario de incertidumbre, el Gobierno de Canarias ha tenido que inyectar más de 60 millones de euros de sus propios recursos autonómicos. Con esta financiación propia se han sufragado intervenciones de emergencia en todo el Archipiélago.
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