Ojalá que el fracaso estrepitoso en el Congreso de los dos decretos Maricarmen sirva para situar de nuevo y en un futuro muy próximo el problema de la vivienda en el centro de la acción política. Y que en esa nueva ocasión el reto pueda afrontarse con más amplitud de miras y sin consignas gratuitas, afrontando las múltiples causas que explican el problema y consensuando las vías de solución. Es decir, buscando el diálogo abierto y el acuerdo con todos los sectores implicados, cuyo diagnóstico ha sido ignorado en los dos fallidos decretos. Resulta tan profundamente equivocado reducir la cuestión a una guerra de inquilinos y especuladores. Escuchando a los oradores que defendían las propuestas en el Congreso daban ganas de preguntar si no había nadie más al mando.
Mallorca es quizá el territorio donde esa combinación multifactorial más ha ido reduciendo el acceso a la vivienda a un tanto por ciento más elevado de población, al menos en los últimos quince años, laminando a la vez a la cada vez más depauperada clase media y multiplicando el número de excluidos, obligados ahora a malvivir en barrios de caravanas, a emigrar a otros territorios donde el problema aún no es tan grave o directamente a vivir en la calle: hoy en la antigua cárcel y mañana en otro solar abandonado hasta su desalojo.
El aumento de la población en la isla, la presión extranjera de alto nivel adquisitivo y la falta de inversión inmobiliaria residencial, con un déficit de viviendas acumulado que cada vez es mayor, ha puesto los precios de la venta y el alquiler a niveles inalcanzables para las rentas medias y las más modestas, ante una oferta tan escasa y una demanda disparada. Han permitido los poderes públicos el traslado masivo de la vivienda en alquiler al alquiler turístico, que garantiza una mayor rentabilidad, así como el afloramiento de una oferta ilegal descomunal. Es tan escasa la inspección y tan benévola en sus sanciones que ni siquiera parece inquietar a los infractores. Y en esta crisis de la vivienda en estado avanzado, el Govern tiene por primera vez una política de construcción de viviendas. Pero, pese al esfuerzo, el efecto es aún tan escaso que nos enseña que la respuesta local al problema tendrá un efecto mínimo sin una política estatal que la respalde. Son Busquets y sus futuras 831 viviendas públicas podrían ser un ejemplo de ello, pero la gestión de esa promoción es tan desesperadamente lenta que frena cualquier pequeño alivio.
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