Supongo que a estas horas, en lo que el presidente del Gobierno termina de reflexionar sobre si convoca a los españoles a las urnas –al menos, esta vez, que se sepa, no ha habido carta a la ciudadanía–, se habrán dado cuenta quienes se están manifestando en muchas ciudades del país que no representan una mayoría social por temprano que se levanten. Lleva siendo así desde los comicios estivales de 2023 en los que salió elegida una amplia mayoría conservadora en el Congreso de los Diputados. Jaimas aparte –ya se han convertido en el mejor indicativo de cambio de ciclo político a favor de la derecha–, el objetivo de los dos reales decretos tumbados esta semana no era ni mucho menos paliar el problema de la vivienda en España, sino crear un ambiente callejero que les dé al menos un hilo de esperanza y seguir metiendo miedo. ¿Cómo solucionar aprisa y corriendo, en una madrugada, un problema acuciante cuando han tenido ocho años para hacerlo? Ni siquiera la ministra del ramo fue capaz de explicarlos en su obtusa comparecencia ante los medios. Mejoró su intervención, todo sea dicho, desde la tribuna de la cámara baja el pasado viernes, en los momentos en los que no se arrodillaba ante Miriam Nogueras. Pero fueron los menos. La sesión, además, sirvió para que Pablo Bustinduy, acudiendo a lugares comunes y obviando que lleva tres años de ministro, ganase enteros para liderar lo que queda a la izquierda del PSOE. Al otro lado, todos vimos a la bancada popular aplaudiendo desaforadamente dejando palpable que, si es que son conscientes de que hay un problema serio con la vivienda, les importa un bledo.
El problema de fondo es que la clase política ha degenerado hasta tal punto que parece imposible que sean capaces de solucionar nada. Urge un pacto de estado en materia de Vivienda –como siempre se necesitó en Educación– pero esta democracia de partidos hace ya mucho que se convirtió en una agencia de colocación donde los problemas de los ciudadanos van por detrás de los intereses de las siglas.
Esa falta de compromiso la ha sabido aprovechar el llamado sindicato de inquilinas para caldear la calle, pero poco se puede esperar de quien confunde churras con merinas y que paulatinamente está convirtiendo su discurso en una amalgama de minorías. Se lo explicó hace unas semanas la gerente de Vipasa, de Izquierda Unida, a cuenta del desahucio de una mujer en Nuevo Roces que llevaba años de impagos. Los de Convocatoria por Asturies, cuando no enredan con nimiedades como el Simancas o los menores en los toros, suelen ser bastante más diligentes y resolutivos que sus socios en el Principado. Ocurre igual en Gijón, donde en todo el mandato han sido los únicos en enmendarle la agenda en varias ocasiones al gobierno municipal de Foro y PP.
Precisamente, en la capital marítima del Principado llevamos cuatro años viendo los tira y afloja entre la administración local y regional a cuenta de la vivienda. Es una pena que la misma colaboración que establecieron para sacar adelante los nuevos pisos asequibles del antiguo solar de Peritos no fuesen capaces de ponerla más veces en práctica. Luego han venido los desencuentros, como el inexplicable portazo a Ecojove o la cerrazón de no tocar ni una coma del Plan Llave.
Habrá que ir pensando, también, qué solución se va a dar a quienes pernoctan en los terrenos del plan de vías, incluido el viaducto de Carlos Marx, foco de insalubridad e inseguridad en la ciudad. Claro que, viendo los tiempos que se gastan en el Ministerio de Transportes en toda actuación que tiene que ver con Gijón –lo de la tramitación ambiental del desdoblamiento de Lloreda-Veriña es pasarse el juego de la desvergüenza con la aquiescencia de la consejería de Movilidad–, es posible que para entonces ya haya solucionado el Gobierno de España el problema de la vivienda.
Suscríbete para seguir leyendo
