En diversos artículos y noticias de LA NUEVA ESPAÑA se recogen las consecuencias para nuestra vida y futuro del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación que promueve el MITMA. Se pretende cambiar toda la legislación vigente aprobada en el Parlamento y, lo que es más, la que podríamos llamar Constitución Hidráulica de España, vigente desde hace miles de años y continua en su estrategia actual desde el siglo XIX.
De lo publicado se deducen las consecuencias. Podríamos añadir más argumentos, tanto técnicos como globales, pero no nos vamos a extender en ello porque entrar en todos los matices del detalle nos llevaría varios artículos y además porque ello enmascararía nuestro mensaje principal en lo determinante, que es el siguiente:
Cuando un gobierno quiere cambiar una civilización debe proponérselo al pueblo para que él decida tras informarle de todos los factores implicados y de todas las consecuencias. Por ello no se puede hacer por sorpresa y por la puerta trasera, con información sesgada y sin abrir un debate en el que participen todos los ciudadanos y todas las fuerzas sociales y políticas. Imponerlo con alevosía es moralmente un fraude totalitario, incluso aunque un gobierno piense que salva al mundo con su verdad, que, tal como dicen las leyes de la naturaleza y de la humanidad, jamás es la verdad.
Consideramos que este asunto es, si cabe, más importante que la pérdida de Ceuta o que la conversión de España en una Confederación de Estados independientes, pues cambia la evolución de la especie humana. Eso pretende hacerse con un real decreto, que es solo una herramienta para que funcione la Administración en situaciones de urgencia o necesidad extrema, dado que, a través de él, un gobierno puede dictar una norma con rango de ley, hacerla cumplir y llevarla después al Parlamento para que sea revalidada; si no lo es en un plazo tasado deja de ser vigente, aunque los efectos son válidos mientras dure. Por eso solo debe usarse si existe una previsión de aprobación, pues si no sería una estafa. Por otra parte, su utilización debe ser limitada, dado que su uso encadenado puede conducir a un país a la perdición; recordamos que el régimen nazi fue creado por Hitler a través una cadena de ellos para desde una democracia avanzada volver legal hasta la exterminación del pueblo judío.
Este asunto es esencial porque, según las leyes de la naturaleza, en un espacio no humanizado la vida se organiza como un ecosistema. Al convertirse el humano en sedentario se modifica el equilibrio, pues él, como todo ser natural, establece sus espacios de convivencia cerca del agua. Entonces intenta aprovecharla y protegerse frente a sus efectos. Así, desde la más remota antigüedad apareció la ingeniería hidráulica, con sus presas, sus azudes, sus comunicaciones entre ríos, sus dragados, sus trasvases, sus obras de protección, sus medidas para defenderse de la erosión y mantener la permeabilidad de los suelos, sus plantaciones de bosques… Ello supone un cambio con respecto a la mecánica de los hábitats naturales.
La historia de nuestro país es la de la gestión del agua en la época primitiva, en la romana, en la árabe y en las posteriores. Y más recientemente, a partir de 1850, hubo una continuidad en la estrategia con una visión hidráulica nacional. Eso se continuó con gentes muy distintas. Empezó don Joaquín Costa, se mantuvo con la dictadura de Primo de Rivera, siguió con la República, continuó con Franco y prosiguió con la democracia. La ruptura la hizo el ínclito señor Rodríguez Zapatero, que actuó como un nuevo Adán. Ello produjo un cambio en la gestión y en los conocimientos considerados determinantes: antes de su aparición pilotaba y formaba a los implicados, gente experta en agua y en las técnicas afines, geología, biología, agricultura, silvicultura… Ahora se adoptan los paradigmas, se forma y se dirige por teóricos que elucubran desde sus sitiales docentes, pero que no hacen cosa real alguna: el resultado es equivalente al que habría en la sanidad si todos los profesores fuesen personas que no hubieran visto a un enfermo en su vida, ni hubiesen operado en su vida.
Las novedades que intenta implantar el Gobierno llevan a dar prioridad al río como comunidad biológica, limitando las acciones humanas de todo tipo, porque se considera que, de modo natural, se puede conseguir lo mismo aprovechando las zonas inundables y, llevado al extremo, convertir en inundables espacios ahora habitados. Eso tiene un límite, pues tampoco parece razonable llegar hasta el infinito para recuperar los ríos tras exterminar a los humanos. Esa es una alternativa que está en la panoplia de nuestra Administración y que, con disimulo, es aplicada desde hace años.
Sintetizamos al decir que hay un problema de decisión social en el balance entre dar prioridad al espacio humano o al río como comunidad biológica. Es decir, elegir entre la gestión tradicional o los nuevos paradigmas que cristalizan, reiteramos, en la pretensión de eliminar todas las obras (presas, pantanos, canalizaciones; defensas fluviales, trasvases, diques y defensas costeras…) humanas. Ello trae consecuencias: por ejemplo, si no existiera la presa del Atazar, la ciudad de Madrid sería inviable, pues ella suministra a toda la comunidad autónoma mas del 60% de los recursos hidráulicos de los que dispone.
Conocidos los términos del debate, lo que, a nuestro juicio, debe hacer este país es tomar una decisión asumida por todos. Consideramos que ese es el único camino para avanzar y poner unos límites, pues si la protección fuese infinita habría que volver al mundo atrás para matar humanos o eliminar a la mitad de las ciudades que existen; por ejemplo, las Ramblas de Barcelona tendrían que volver a ser río, y la Castellana, también; asimismo sucedería en Gijón, en Mieres y en La Felguera.
Dado lo decisivo del asunto y que nadie puede pretender ser Dios, lo honesto es contárselo a la gente lo mas claro posible, por ejemplo, así: ¿quieren unos ríos naturales que tendrán la contrapartida de que ustedes asumirán un sacrificio si hay inundaciones y además parte de su territorio pasará a formar parte de los ríos? ¿O quieren que los ríos se gestionen de la mejor manera globalmente posible, aunque ello signifique alterar al medio ambiente?
Hecha la pregunta, tras ley orgánica aprobada en el Parlamento, los ciudadanos deberían decidir votando en un referéndum nacional.
Personalmente, somos eclécticos porque creemos que hay que tener el sentido común necesario para hacer avanzar la civilización sin destrozar al mundo. Consideramos que tampoco hay que convertirlo en un parque temático, como propugnan algunos esnobs, fruto descasado de un malthusianismo que inventaron los ricos en una determinada época y que siempre perjudicó a los pobres. Esos señoritos disfrutan más yendo a pasear por un campo limpio que por uno que esté lleno de paisanos, de vacas y de gallos. Nosotros no creemos que ese mundo sea lo que quiera la mayoría de la gente sencilla. Por eso insistimos en que se vote tras explicar los términos del dilema a las personas sin mentiras ni relatos, sin hacer demagogia y sin mentir descaradamente en pro del propio beneficio. Por ejemplo, se puede asumir (desde la consciencia de que el mundo está en un perpetuo cambio climático y consecuente modificación de hábitats) que aparecen nuevos fenómenos, pero que es cierto también que en España el régimen hídrico es irregular y que en ella siempre hubo grandes inundaciones y grandes sequías. Y que también siempre se luchó: por eso se hicieron las obras hoy denostadas por los urbanitas, influyentes y malthusianos.
Decimos también que ahora hay inundaciones no únicamente por ese discutido cambio climático, sino porque no se toman las medidas adecuadas. Tampoco nos convence que nos vendan una España con unos ríos maravillosos, dotados de caudal ecológico, cuando este existe porque hay embalses, porque de no existir estos muchos de nuestros ríos estarían secos no solo durante parte del año, sino durante años, porque el hábitat natural de España no es el de su parque temático, sino otro menos agradable.
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