El Gobierno de Aragón continúa su particular batalla contra la política de inmigración del Gobierno de España y presentará ‘in extremis’ un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir la suspensión del real decreto del Ejecutivo central que definía la capacidad de acogida de Aragón en 476 plazas. El decreto, que se presentó ya el pasado 30 de junio, con el actual Gobierno de Aragón del PP y Vox ya formado, no se ha recurrido hasta hoy, a días de que culmine el plazo para hacerlo, el próximo 3 de octubre. El recurso se ha estudiando a petición de la vicepresidencia y consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige Vox.
Los dos vicepresidentes del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), han comparecido de manera conjunta -como es habitual en los asuntos vinculados a la política migratoria- para anunciar este recurso y exponer sus argumentos jurídicos contra él. Insisten en que se ha hecho «de espaldas a Aragón», sin tener en cuenta a la conferencia sectoria, con «criterios políticos» y sin «solidaridad interterritorial» entre las distintas comunidades autónomas.
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