Junts condiciona su apoyo al nuevo decreto de vivienda que el Gobierno plantea aprobar la semana que viene a que el texto incluya rebajas fiscales para los propietarios, una de las principales exigencias que la formación de Carles Puigdemontha puesto sobre la mesa en la negociación reabierta con el PSOE tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña de 87 años expulsada esta semana de su vivienda en Retiro.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en una entrevista en 3Cat en que el punto de partida de las conversaciones es el decreto que su partido ya trasladó hace meses a los socialistas. «Lo que se ha puesto encima de la mesa es nuestro real decreto, con nuestras medidas. Hay un mínimo común múltiple y no hace falta que nadie renuncie a lo que defiende, pero la aritmética es la que es», ha afirmado, consciente que el Ejecutivo debe reunir consenso entre partidos con diferentes sensibilidades.
Ha un mínimo común múltiple y no hace falta que nadie renuncie a lo que defiende, pero la aritmética es la que es
Nogueras ha dejado además claro que su interlocución es con el PSOE y no con Sumar, pese a que el socio minoritario del Gobierno también ha movido ficha en las últimas horas y se ha mostrado dispuesto a estudiar algunas de las propuestas de Junts para facilitar un acuerdo. La formación independentista ha reconocido que mantiene conversaciones con los socialistas sobre el futuro decreto y espera una respuesta a sus planteamientos. «Nos llega que lo ven con buenos ojos«, ha apuntado, con un tono más conciliador que en pasadas ocasiones.
La propuesta de Junts incluye una batería de incentivos fiscales para propietarios, entre ellos desgravaciones vinculadas al alquiler y a la compra de vivienda, así como medidas para reforzar la protección de los pequeños propietarios. También plantea suspender los desahucios de personas vulnerables cuando la vivienda esté en manos de fondos buitre y limitar la capacidad de estos fondos para adquirir inmuebles. Entre sus propuestas figura además una deducción fiscal para el alquiler o la compra de vivienda habitual.
Las medidas son, en buena parte, las mismas que Junts ya había planteado meses atrás, cuando la negociación acabó encallando por las diferencias con el bloque de la izquierda sobre la prórroga de los contratos de alquiler. El Congreso tumbó a finales de abril una iniciativa en esta materia con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Problemas jurídicos
Nogueras ha vuelto a cargar este viernes contra la fórmula que se planteó entonces para prolongar los contratos durante dos años, la línea roja de Sumar. Según la portavoz de Junts, aquella redacción era «jurídicamente inaplicable» y podía provocar, a su juicio, el efecto contrario al perseguido, al beneficiar a los grandes tenedores. La dirigente sostiene que una prórroga formulada en esos términos podía impedir en determinados supuestos la aplicación de los límites al precio del alquiler.
Sumar, por su parte, ha elevado la presión para que el Gobierno apruebe un nuevo decreto de vivienda y, al mismo tiempo, ha rebajado sus reticencias ante algunas de las propuestas de Junts. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, se ha mostrado abierto a estudiar las bonificaciones fiscales reclamadas por los independentistas para los propietarios afectados por una eventual prórroga de los contratos.
La formación de Puigdemont insiste en que cualquier acuerdo deberá partir de sus propuestas. «Hay que intentar hacer propuestas que recojan estos mínimos y que puedan contar con un consenso mayoritario. Nos llega que son medidas que se ven con buenos ojos», ha afirmado Nogueras, que ve «importante» que el decreto con las medidas urgentes de vivienda se apruebe «lo antes posible».
Suscríbete para seguir leyendo
