El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes continúa en su batalla por lograr una acreditación formal del «maltrato» al que asegura haber sido sometido por el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado. Tras el rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la última de sus quejas ha presentado un nuevo recurso de alzada (por la vía administrativa) ante este órgano. Concretamente por el hecho de que se le haya denegado el acceso al expediente completo abierto a raíz de sus numerosas quejas, una documentación que puede ser esencial ante la presentación de un eventual recurso contencioso ante el Tribunal Supremo.
En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Bolaños concluye que «desgraciadamente» en el CGPJ «durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él«. «Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia».
A su juicio, «se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial».
Según ha informado el propio Ministerio el pasado mes de agosto, cuando conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo había decidido archivar las primeras quejas, Bolaños solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión, algo que no se le concedió.
Jubilación inminente
El escrito incide en que la decisión del Consejo de no entregarle el expediente ralentiza las gestiones emprendidas contra el magistrado, que se jubila oficialmente este domingo, 27 de septiembre. Afirma que, «durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia».
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / José Luis Roca
«Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia», advierte. Bolaños llega a la conclusión de que «durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él».
«Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia», expresa en su nuevo escrito. A ju juicio, se trata de una «apariencia particularmente dañina» que perjudica la imagen de la justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial».
Con su nuevo recurso pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ «también» –dice– le ha «negado»: «El acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden». Si le deniegan el acceso a la documentación, Bolaños asegura que «solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado».
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