Los datos describen una trayectoria difícil de excusar. En 1996 el PIB valenciano por habitante rondaba el 99 % de la media española. En 2024 fue de 27.626 euros, frente a 32.633: apenas el 84,7 %. Mientras perdíamos renta relativa, acumulábamos deuda hasta situarnos en el 40,7 % del PIB, el doble del conjunto autonómico. Han gobernado PP y PSOE; han cambiado presidentes y ministros. El resultado se parece demasiado.
Tampoco empezó ayer esta sensación. Durante la Transición, los valencianos asistimos a la consolidación de una distinción entre las denominadas «nacionalidades históricas» y otros territorios que, como el valenciano, también aspiraban a un autogobierno pleno. Aquella diferenciación, derivada en buena medida de los equilibrios políticos del momento, dejó una percepción de autonomía de distinta intensidad que el paso del tiempo no ha terminado de borrar. Después llegaron la infrafinanciación crónica, infraestructuras aplazadas, una inversión estatal insuficiente —especialmente visible en Alicante— y la imposibilidad de ejercer con normalidad una competencia estatutaria como el Derecho Civil Valenciano. Problemas distintos, pero con un hilo común: demasiadas veces los intereses valencianos han quedado subordinados a la estrategia estatal de los grandes partidos.
La contradicción resulta especialmente visible en el Derecho Civil. El PPCV prometió en 2023 apoyar la reforma constitucional necesaria para recuperarlo y el PSPV afirmó que exigiría esa reforma. Sin embargo, la iniciativa aprobada por Les Corts continúa pendiente, más de diez meses después de que la presidenta del Congreso reclamara la designación de los representantes valencianos que deben defenderla. Al president Pérez Llorca hay que preguntarle a qué espera. Y a Diana Morant y al PSPV, por qué, si consideran intolerable el bloqueo, no utilizan la iniciativa de sus diputados en el Congreso.
Pero quizá la financiación exponga todavía mejor el problema. El propio Consell reclama al ministro de Hacienda un Fondo de Nivelación Transitorio para que la Comunitat deje de estar por debajo de la media mientras llega un nuevo sistema. Al mismo tiempo, rechaza un modelo que incrementaría sustancialmente nuestros recursos. Puede discutirse el procedimiento o los criterios de reparto. Lo que no puede hacerse es despachar la contradicción con consignas: quien denuncia que faltan recursos debe explicar a los agentes sociales por qué vota contra una propuesta que aporta más.
Canarias ofrece un contraste incómodo. Su Gobierno, en el que participa el PP, respaldó el nuevo sistema porque entendió que beneficiaba a los canarios. Galicia, también gobernada por el PP, lo combate porque considera que perjudica sus intereses. Nada autoriza a afirmar que la posición valenciana se haya decidido pensando en Galicia. Pero sí permite preguntar: cuando los intereses valencianos y la estrategia de su partido no coinciden, ¿a quién obedece un president?
Un president de la Generalitat no está para defender ante los valencianos la posición común de su partido. Está para defender la posición de los valencianos ante su partido y ante España. Lo mismo vale para una ministra valenciana y para nuestros diputados. Nadie puede presentarse como valencianista mientras culpa al adversario y renuncia a utilizar los instrumentos a su alcance.
El problema no es el autogobierno, sino un autogobierno tutelado: formalmente reconocido, pero políticamente condicionado por dirigentes que miran primero a Madrid antes de defender aquello que nuestras instituciones ya han decidido.
Por eso estas próximas semanas importan tanto. Pueden ser decisivas para el Derecho Civil Valenciano y quizá también para el futuro modelo de financiación. ¿De verdad no piensan sentarse a hablar educadamente ustedes y con la sociedad civil valenciana para acordar qué intereses básicos deben defender juntos? No fíen el resultado a sus líderes estatales. Feijóo y Sánchez defenderán sus estrategias; quienes ocupan responsabilidades valencianas tienen otra obligación: defender a los valencianos.
Ha llegado el momento de que cada uno se examine por sus actuaciones y también por sus renuncias, no por declaraciones o promesas. En unas semanas sabremos, camino del 9 d´octubre, quién utilizó los instrumentos que tenía, quién buscó acuerdos, quién escuchó a la sociedad civil y quién prefirió esperar instrucciones. Si todos afirman defender una financiación justa y la recuperación del Derecho Civil Valenciano, siéntense, hablen y defiéndanlos juntos. Tras más de cuarenta años de fracasos, a los valencianos ya no debería interesarnos tanto lo que ustedes dicen como lo que están dispuestos a hacer cuando todavía están a tiempo.
Fuente: Levante – EMV
