El centro de datos de Inteligencia Artificial que se promueve en el polígono industrial Zamora Norte de Monfarracinos, unas macroinstalaciones que albergarán ordenadores y servidores informáticos destinados al uso por la IA con funcionamiento autónomo, será tramitado como proyecto regional por parte de la Junta de Castilla y León.
Esa declaración permitirá agilizar plazos en la puesta en marcha de ese proyecto que presenta como gran atractivo la creación de medio millar de empleos y una gran inversión económica, pero que tiene en el lado contrario de la balanza las emisiones que generará tanto de CO2 como de productos contaminantes y el alto consumo de agua y energía, con el uso de un millar de hectáreas para instalar placas solares.
La Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León el inicio de esa tramitación como proyecto regional para ese centro de datos de IA promovido por la empresa Edison Next.
Según ese anuncio del Bocyl, ese centro de datos está concebido para ofrecer alta disponibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, respondiendo a los retos actuales del sector y a las limitaciones del sistema eléctrico nacional.
La declaración que se tramita afectará tanto al propio centro de datos que se ubicará en Monfarracinos como a una serie de infraestructuras asociadas destinadas a proveer de suministro eléctrico procedente de fuentes renovables que permita el funcionamiento autónomo de la instalación. Además, de la planta solar fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de la energía mediante baterías, el centro de datos incluirá un complejo de energía térmica que utilizará gas y gasóleo para su funcionamiento, con 24 grandes chimeneas de 30 metros de altura.
El proyecto regional abarca tanto el propio centro de datos como ese parque fotovoltaico, la subestación y línea de evacuación, por lo que se ven afectados por él terrenos rústicos de los municipios zamoranos de Monfarracinos, Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles y Aspariegos.
La aprobación del plan comportará la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para su ejecución a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.
La tramitación ambiental del instrumento de ordenación del territorio se aborda por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La Junta considera la importancia estratégica que tiene la disponibilidad de suelo empresarial para la atracción de iniciativas productivas y la generación de empleo de calidad para dar un informe favorable al inicio del expediente de declaración regional del proyecto. A partir de ahora se abre un trámite de audiencia, información pública y participación de 45 días contados a partir de la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
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