El Gobierno permitirá a ocho comunidades autónomas movilizar cerca de 4.000 millones de euros procedentes de sus superávits presupuestarios para destinarlos a inversiones, entre ellas actuaciones en materia de vivienda, según ha anunciado este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la reunión del Consejo de Ministros. Según ha detallado España, las ocho autonomías que se beneficiarán de estas medidas son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.
La medida forma parte de un real decreto ley con medidas fiscales y financieras para las comunidades autónomas que flexibiliza el destino de los excedentes presupuestarios y permitirá que determinados recursos que hasta ahora debían emplearse en reducir deuda puedan utilizarse para financiar inversiones.
En concreto, el Ejecutivo habilitará a las autonomías para utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones financieramente sostenibles que podrán ejecutarse durante 2026 y 2027, incluidas las relacionadas con las políticas de vivienda.
Además, las comunidades cuya deuda se situara por debajo del 12,4% de su PIB al cierre de 2025 podrán utilizar también superávits acumulados de ejercicios anteriores en inversiones sin que esos desembolsos computen a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
El titular de Hacienda ha defendido que la iniciativa demuestra que el Ejecutivo adopta medidas de apoyo a las comunidades con independencia del color político de sus gobiernos y ha recordado que recientemente se aprobó una flexibilización similar para las entidades locales.
Hacienda reivindica la financiación de las autonomías
España ha aprovechado su comparecencia para reivindicar el incremento de los recursos destinados por el Estado a las comunidades autónomas y vincular esa financiación con el sostenimiento de servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda.
Según los datos de Hacienda, las comunidades recibirán en 2027 185.593 millones de euros a través del actual sistema de financiación si se suman las entregas a cuenta y la liquidación correspondiente a 2025. La cifra supone un 9,1% más que en 2026 y un nuevo máximo histórico.
El ministro ha recordado también otras actuaciones impulsadas en los últimos años, como los cerca de 30.000 millones transferidos durante la pandemia, la asunción de liquidaciones negativas o el proyecto para que el Estado se haga cargo de 83.252 millones de euros de deuda autonómica.
Esta última iniciativa se encuentra en tramitación parlamentaria y, según las estimaciones del Gobierno, permitiría a las comunidades ahorrar alrededor de 6.700 millones de euros en intereses.
España presiona al PP por el nuevo modelo de financiación
Buena parte de la intervención del ministro se ha centrado también en la reforma del sistema de financiación autonómica, después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diera luz verde la semana pasada a la propuesta planteada por Hacienda.
El nuevo modelo prevé aportar 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas y, según el Gobierno, reducirá las diferencias existentes en financiación por habitante ajustado e incrementará la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de los territorios. Hacienda sostiene que ninguna comunidad perderá recursos con el cambio.
El siguiente paso será la aprobación del correspondiente proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros antes de su remisión al Congreso, donde el Ejecutivo deberá reunir los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma.
España ha cargado contra el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular al modelo y ha acusado a sus presidentes autonómicos de anteponer la posición de la dirección nacional del partido a los intereses de sus territorios.
Como ejemplo, ha citado a la Comunitat Valenciana y Andalucía. Según los cálculos del Gobierno, el nuevo modelo aportaría 3.669 millones adicionales a la Comunitat Valenciana y 4.846 millones a Andalucía respecto al sistema vigente.
El ministro ha reclamado al PP que aproveche la tramitación parlamentaria para reconsiderar su posición y ha insistido en que la decisión definitiva corresponderá al Congreso de los Diputados. «El Gobierno ni impone un modelo ni quiere ni debe imponer un modelo«, ha señalado durante su intervención.
España también ha acusado a los gobiernos autonómicos populares de utilizar los mayores recursos recibidos para aplicar rebajas fiscales y favorecer procesos de privatización en lugar de reforzar los servicios públicos, unas críticas que ha relacionado especialmente con el aumento de las listas de espera sanitarias en algunos territorios.
Suscríbete para seguir leyendo
