El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una batería de medidas para flexibilizar las reglas fiscales impuestas a las Comunidades Autónomas y así facilitar «inversiones sostenibles» en políticas como la vivienda.
Respecto de los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE), el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dicho que se presentarán antes de cerrar el año como es el compromiso del Presidente del Gobierno. No ha querido comprometerse con una fecha concreta.
En el caso de las reglas fiscales esta flexibilización llega como un nuevo guiño a las comunidades autónomas que rechazan el nuevo modelo de financiación por considerar que solo favorece a Cataluña con un reparto menos equitativo.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Hacienda ha indicado que, en primer lugar, se habilita a las autonomías para poder usar el superávit del 2025 para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027.
En segundo lugar, el Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda inferior al 12,4% del PIB -al cierre de 2025- destinar esos superávits presupuestarios de ejercicios anteriores a inversiones.
Estas inversiones no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto, en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como establece en estos momentos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Según ha especificado el ministro de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios.
Estas autonomías son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia, todas ellas contrarias al nuevo modelo de financiación.
Este proyecto se ha aprobado solo cuatro días después de que la última reunión del Ministerio de Hacienda con las autonomías para aprobar el nuevo modelo de financiación.
Es así como el Gobierno ha dado un nuevo paso para intentar convencer a contrarreloj las comunidades autónomas que en bloque -excepto Cataluña y Canarias- han votado en contra de este modelo.
Un modelo que las autonomías gobernadas por el Partido Popular han rechazado y que prevén llevar al Tribunal Constitucional si el proyecto supera la votación del Congreso.
El PP y buena parte de las comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha y Asturias recelan de este modelo porque consideran que beneficia exclusivamente a Cataluña.
En este sentido, Arcadi España, ha vuelto a cargar contra los populares acusándoles de plantearse renunciar a miles de millones de euros en nueva financiación.
«Invito a los ciudadanos de nuestro país a que aparten la niebla provocada por el Partido Popular y que miren de verdad quién está gestionando sus servicios públicos», ha agregado.
Y ha vuelto a pedir una reflexión a las autonomías para sacar adelante un nuevo modelo que -considera- favorece a todos y que nunca había repartido tantos recursos a las regiones.
Debate en el Congreso
«Es un muy buen modelo de financiación«, ha indicado, advirtiendo que Castilla-La Mancha y Asturias sí que se han sentado a negociar, algo que no ha pasado con el resto de comunidades.
Ha mostrado además su confianza en que los partidos como Vox y PP rectifiquen de cara a la votación del modelo en el Congreso. «Allí habrá una negociación también entre los grupos parlamentarios y tienen la oportunidad de rectificar», ha dicho.
